En un comunicado, el ente defensor destacó el acuerdo anunciado ayer entre el Gobierno y las FARC para brindar seguridad y estabilidad jurídica al futuro acuerdo de paz y garantizar su cumplimiento conforme al derecho nacional e internacional.
En este sentido, la Defensoría afirmó que ese acuerdo supone que las FARC pasen del reconocimiento del Gobierno como interlocutor en las negociaciones a «aceptar la participación de las instituciones del Estado en este proceso y que por esa vía las partes busquen fórmulas legales de legitimación para el logro de una paz estable y duradera».
Sin embargo, agregó que se requiere no solo seguridad jurídica, sino también «legitimidad política para lograr el objetivo común de una paz estable y duradera».
Por ello, el organismo defensor considera necesario que Colombia asuma el reto de discutir la seguridad jurídica de los acuerdos antes de acudir a procedimientos apresurados de carácter legislativo especial de implementación.
Con ello se evita escenarios de tensión que resulten en el rompimiento de los diálogos y la continuación del conflicto armado.
Además, hizo un llamado al Gobierno para que las garantías jurídicas del derecho internacional acordadas no sustituyan ni resten efectos jurídicos a la decisión popular que tomará la ciudadanía colombiana al momento de acudir a un mecanismo democrático de refrendación.
Por último, la Defensoría expresó su preocupación respecto a un posible debilitamiento de los procesos de debate democrático en el Congreso de la República y de control judicial de la Corte Constitucional, al tramitar leyes de implementación de un acuerdo final de paz.
Eso es debido a que los contenidos de ese acuerdo «no abordarán únicamente asuntos humanitarios sino que incluirán temas de interés nacional como el problema de la tierra, las drogas ilícitas y la participación política».
