Entre el 20 de marzo y el 20 de abril, la Defensoría del Pueblo de Ecuador recibió 4 204 alertas de presuntas vulneraciones a los derechos humanos, procesadas durante el estado de excepción decretado para contener el avance del coronavirus.
A través de un comunicado emitido el martes 21 de abril, se informó que estos datos forman parte del primer reporte que levantó la entidad.
Además, el informe “ha sido puesto en consideración de la Corte Constitucional (CC) para el debido seguimiento y control”, reza el documento.
Las alertas fueron recopiladas a través de distintos mecanismos. Mediante formularios se recibieron denuncias de supuestas vulneraciones a derechos laborales, reportes de personas fallecidas y de ecuatorianos varados en el extranjero.
Estos casos fueron reportados en el portal web de la Institución y hubo denuncias realizadas directamente en la Defensoría del Pueblo.
También se efectuó un monitoreo de redes sociales y medios digitales. En el balance se detalla que hubo 388 alertas sobre situaciones que vulneran el derecho a la salud, de las cuales son recurrentes el levantamiento de cadáveres en la calle, contagios de covid-19 en miembros de la Fuerza Pública y de servidores de instituciones del Estado, falta de atención de salud a quienes presentan síntomas, falta de insumos y material de protección para el personal médico.
También se recopilaron alertas por “falta de información pública veraz”, inadecuado manejo en el protocolo de cadáveres intrahospitalarios, falta de etiquetado y pérdida de los cuerpos de las víctimas.
Otras 369 alertas hacen referencia a situaciones que vulneran el derecho al trabajo, entre ellas, denuncias de inadecuadas condiciones de seguridad y salud, falta de pago de las remuneraciones, despidos intempestivos, falta de pago de liquidaciones de haberes.
En este ámbito, también hay quejas por la reducción de la remuneración, disposición obligatoria de acogerse a vacaciones, intimidaciones a trabajadores, entre otras. Asimismo, se procesaron 235 alertas sobre situaciones que vulneran los derechos de consumidores y usuarios que, en su mayoría, obedecen a denuncias por violaciones de los derechos producidas por instituciones financieras, como débitos bancarios automáticos, cobro de cuotas por créditos bancarios no renegociados, suspensión de cuentas bancarias por procesos coactivos, suspensión de servicios básicos domiciliarios.
En esa línea, hubo además denuncias por especulación de precios en tarifas aéreas, terrestres, productos alimenticios, medicinas, escasez y acaparamiento de insumos médicos.
En el informe también se detallan 234 alertas sobre denuncias de personas desalojadas de sus viviendas, debido a retrasos en el pago del alquiler. De igual forma, hay 198 denuncias de familias nacionales y en movilidad humana que no poseen recursos económicos para alimentación.
Las alertas más recurrentes responden a denuncias de ecuatorianos varados en el exterior: 2 780 en total. Estos casos fueron reportados por connacionales en 55 países, quienes se encontraban “en situaciones precarias de subsistencia”.
“La Defensoría del Pueblo de Ecuador se mantiene vigilante del respeto absoluto a los derechos humanos en el estado de excepción, y recuerda al Gobierno Nacional que, bajo ninguna circunstancia, inclusive en situaciones de guerra o conmoción social, se pueden vulnerar los derechos humanos de las personas”, dice el comunicado.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
