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Procesos administrativos por violencia sexual a menores en varias escuelas se han abierto, en los últimos cuatro años, a 340 docentes en el país.

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El Ministerio de Educación dice que en estos casos también interviene la Fiscalía. Ellos fueron denunciados por abusos a estudiantes y en ese grupo está Luis, un maestro que fuera sentenciado a nueve años y cuatro meses de prisión por agredir sexualmente a una niña de 4 años.

En los últimos meses se han destapado varios casos de abusos sexuales  en escuelas de Quito. Este no es un tema ajeno dentro del sistema educativo. En el 2010 se suscitó un caso que causo gran indignación en el país. El hecho fue el cometido por un profesor de  una institución educativa al sur de la ciudad. Las víctimas fueron  41 menores de edad de entre 10 y 11 años.  El agresor ahora cumple 7 años de cárcel.

Después de 7 años de lucha de los padres de familia, la Corte Constitucional, determinó que en dicha institución educativa se levante una plaza en conmemoración de las víctimas. Sin embargo para los padres esto no es suficiente.

Para el Defensor Público Ernesto Pazmiño, la agresión sexual de docentes en contra de alumnos “es preocupante” en el país, pues demuestra que “hay falencias en el sistema educativo en relación con la selección y el control a los profesores”.

Para la agrupación Rescate Escolar, dedicada al seguimiento de abusos a niños, estos hechos no deben quedar impunes, ni en el sistema ju­dicial ni en lo administrativo. Asegura que el Ministerio de Educación no ha sancionado o cerrado establecimientos educativos en donde se vulneró a más de un estudiante.

En Quito, se presentan 20 denuncias mensuales sobre delitos sexuales en espacios educativos. En el país se han registrado 375 casos durante 2016. Esta elevada cifra ocasionó que el 22 de junio, el ministro de Educación, Fander Falconí, emitiera un acuerdo e instructivo para la atención a víctimas de violencia sexual, dentro del sistema educativo. Este incluye los procesos para investigación y sanciones.

El instructivo busca regular los procedimientos para la prevención, atención y acompañamiento a las víctimas y orientar respecto a la actuación administrativa y judicial frente a este tipo de infracciones. Enrte las medidas está el Conservar y preservar las evidencias, para valoración del fiscal y la autoridad jurisdiccional correspondiente. Además las autoridades del establecimiento educativo deberán presentar la denuncia en Fiscalía para que se inicien las investigaciones. Adicionalmente se tomarán otras acciones como Separar al denunciante y denunciado, suspendiendo a este último de sus funciones desde la presentación de la denuncia, hasta la conclusión del sumario administrativo.

Gian Carlos Drout, subsecretario de Educación, asegura que durante la selección, a los maestros les toman pruebas psicométricas, de conocimiento e interacción en las aulas. Pero dice que no se realizan evaluaciones psicológicas y explica la razón el argumenta que “Se estaría atentando contra los derechos de los ciudadanos”.