El supuesto líder de la banda mantenía contacto con servidores públicos que tenían acceso y posibilidad de direccionar los diferentes procesos de contratación pública, para lo cual levantaban perfiles de las empresas con capacidades operativas y económicas reales que les permitan tener probabilidades de adjudicación de contratos.
Identificadas las empresas, miembros de la banda ofrecían los servicios de manipulación del catálogo electrónico para beneficio de las empresas proveedoras. A cambio la red pedía la entrega de un porcentaje del monto del contrato.
Por este ilícito, la empresa ganadora debía cancelar el 20 % del total del valor del contrato adjudicado. Los valores eran repartidos entre los integrantes de esta organización. Las investigación determinaron que un 10 % del monto era para un funcionario de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT); un 3 % para Fabián Darío Q. (experto informático), 5 % para Wilson Patricio S.I. (supuesto líder de la organización) y el 2 % era distribuido entre Selene Evita. M.P. y Lourdes Elva S.V., quienes ofertaban los servicios a las empresas.
En una rueda de prensa en la que participaron varias funciones del Estado, Santiago Vásquez, director del Sercop, indicó que esta investigación se dio gracias a una denuncia presentada en mayo y que su institución, en lo que va del año, investigó a ocho personas por atentar contra la contratación pública.
La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Raquel González, dijo por su parte que la institución que representa no parará de luchar contra la corrupción, por lo cual la se promoverá el control social a través de las secretarías de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
