Destacó que no se implementaron procesos de evaluación ni seguimiento de las actividades que se cumplieron. Y que faltan manuales de operación y de talento humano.
Toro reveló que hubo abusos en contrataciones bajo la modalidad de ínfima cuantía. Por ejemplo, se pagó arrendamientos, cuando eso debió tratarse bajo un esquema de planificación.
Además, señaló que se pretendió adquirir un sistema de monitoreo de medios, valorado en USD 28 millones. De esa cifra, solo se autorizó la inversión de USD 1 millón 800 mil. Se trata de hardware y software, que se encarga de monitorear y dar una valoración de lo que publican los medios de comunicación. El funcionario adelantó que este sistema se usó mayoritariamente con fines sancionatorios. El superintendente agregó que solicitará un análisis de este proceso contractual para determinar si se cumplió con la normativa.
También se refirió a los procesos administrativos que se sustanciaron en la Supercom desde el 2014. En total, se abrieron 1 188 procesos administrativos. De ellos, 706 fueron sancionatorios. Toro dijo que de esa cifra, 428 procesos fueron pecuniarios, es decir, multas a medios de comunicación.
De estas 428 resoluciones, la Supercom recaudó, nominalmente, USD 2 983 995. Hasta el momento, se logró recaudar USD 879 187. Aún están en procesos de coactiva USD 2 107 787. El proceso de cobranza lo lleva adelante la Contraloría General del Estado, ya que la Supercom no tiene facultad coactiva, insistió Toro.
Toro explicó que de los 706 procesos sancionatorios, actualmente solo se podrían revisar 25, con base en el Código Orgánico Administrativo. El funcionario encargado subrayó que son respetuosos con el marco legal vigente y que el objetivo es analizar la legalidad y la legitimidad de lo actuado en los procesos.
Para poder revisar los casos de años anteriores, Toro sugirió a la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, la posibilidad de incluir un artículo transitorio en las Reformas a la Ley de Comunicación. Esto, facultaría la revisión de los procesos que datan de un tiempo mayor a lo que determina el Código Orgánico Administrativo. Toro dijo que la mayoría de sanciones que resolvió la Supercom, fueron en contra de medios de comunicación privados.
Como parte del plan de austeridad, la Supercom prohibió el uso de vehículos oficiales a los trabajadores del jerárquico superior. Actualmente, esa superintendencia cuenta con 320 funcionarios, a escala nacional.
Fuente: El Comercio
