«El que sostenga que los dictámenes del señor procurador del Estado no son vinculantes, es porque no conoce la ley ecuatoriana», dijo Cordero acerca de los cuestionamientos formulados a la resolución de la Procuraduría por sectores que se oponen a la devolución de los fondos.
El ministro analizó el asunto en una conferencia de prensa días después de que el presidente del país, Rafael Correa, destituyera a la cúpula militar, que criticó públicamente una decisión administrativa del Gobierno sobre el asunto.
Los oficiales destituidos rechazaron la orden del Gobierno para que el Ministerio de Finanzas devuelva al Ministerio del Ambiente unos 41 millones de dólares de la cuenta del Issfa, debido a que ese monto correspondía al sobreprecio de una compra de terrenos para construir un gran parque recreativo en la ciudad de Guayaquil.
La Procuraduría del Estado, en noviembre pasado, determinó un sobreprecio, ya que la compra de los terrenos que pertenecían al Issfa se realizó por un monto de 48 millones de dólares, mientras que el Municipio de Guayaquil solo los había valorado en 7,3 millones.
Cordero precisó hoy que lo dispuesto por el procurador «es vinculante», pero este «no tiene un mecanismo para sancionar al que no cumple».
«Para eso -agregó- hay otros órganos de control, la Contraloría es uno y la Superintendencia de Bancos y Seguros es otro», indicó al señalar que ese organismo hará previsiblemente auditorías sobre el caso.
La Contraloría General del Estado realizará también una investigación sobre la operación de compraventa, examen que podría demorarse entre 45 y 50 días, informó el martes el portal gubernamental El Ciudadano.
Cordero criticó, de otro lado, los intentos de politización del tema por parte de la Plataforma de defensa de las Fuerzas Armadas, un «grupo liderado por personas que están vinculadas a un partido político», según dijo, y reprochó que se intente usar este caso «como plataforma política de lanzamiento de liderazgos, de candidaturas».
Lo mismo había hecho el sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Corea, quien señaló que entre los militares en retiro que criticaron la decisión gubernamental estaban algunos políticos.
Mencionó al excoronel Fausto Cobo, del opositor Partido Sociedad Patriótica y cercano al Movimiento también crítico CREO, al exgeneral Ernesto González y a un ex jefe de Inteligencia militar Mario Pazmiño.
Ellos son parte de una corriente que cree que «las Fuerzas Armadas deben ser una (especie de) República independiente» o «estructura paralela al Estado».
«Se lo doy firmado, Fausto Cobo se está palanqueando (promocionando) una candidatura, probablemente con la derecha», añadió el presidente.
El ministro reiteró hoy que no existe riesgo alguno para la Seguridad Social de los militares por la devolución de los cerca de 41 millones y resaltó que el 80 % de los aportes a las pensiones de los militares corresponde a subsidios del Gobierno, que abonó en nueve años 1.957 millones de dólares por ese concepto.
También señaló que el Ministerio de defensa aporta anualmente el 26 % de los haberes de los militares al Fondo de Retiro, Invalidez y Muerte, lo que supuso un total de 687 millones de dólares en el citado periodo.
