Tras esa incursión armada al departamento, nueve fueron llevados a la cárcel, menos Fadua Tapia, que entonces estaba embarazada. Por su estado, los jueces ordenaron arresto domiciliario para la chica. El viernes, ella recordó cómo el estrés del arresto afectó a su embarazo. Estuvo dos veces en el área de emergencias. Mientras estaba en casa, los policías la vigilaban día y noche. Nunca se separaban de ella. Eso y el proceso legal le causaron estrés crónico. Así iba por juzgados y tribunales. Cuando quedó libre quiso trabajar y no pudo. Intentó ocupar un cargo en el sector público.
Llegaba hasta las últimas instancias en los concursos de méritos y oposición, pero cuando revisaban su expediente legal veían que tenía un proceso por terrorismo y le negaban el ingreso. Igual ocurrió con Cristina Campaña, Abigaíl Heras, Royce Gómez, Pablo Castro, Santiago Gallegos, Víctor Vinueza, Marcelo Merchán, Héctor Estupiñán y César Zambrano. Todos fueron procesados por terrorismo, aunque la sentencia final los halló responsables por tentativa para organizar actos terroristas. Ellos quedaron libres entre diciembre del 2013 y marzo del 2015. Las últimas en salir libres fueron las chicas. Cristina Campaña recordó que para el 2012 era la principal fuente de ingreso de su casa. Cuando fue detenida, su familia dejó de percibir este dinero.
La impresión de verla encarcelada le causó estrés a su madre. “Ahora mi mamá tiene cáncer y estamos tratando de salir adelante con lo que he podido recuperar en este tiempo”, contó. Víctor Hugo Vinueza también vivió “fuertes secuelas”. No pudo conseguir trabajo hasta el 2015. Laboraba en la Universidad Central como conserje y tuvo que demandar a sus empleadores para recuperar su puesto. Recuerda que cuando estaba preso, en el 2012, la Policía allanó su casa. Allí estaba su hijo, que en ese entonces tenía 4 años.
El pequeño debió ir a terapia para poder superar este episodio. Dos años pasó con ayuda especializada. Quieren superar todo. Buscan olvidar las sabatinas del expresidente Rafael Correa, cuando eran nombrados permanentemente. Tapia recuerda una frase del exjefe de Estado con la que se refería al caso: “Claro, ellos (los 10 de Luluncoto) se reunieron para rezar…”. La joven dice que siempre respondió con esta frase: “No nos reunimos para rezar, sino para conversar y reírnos como jóvenes que éramos; no éramos terroristas”. Actualmente su caso es revisado por la Mesa de Verdad y Justicia, que organizó el Consejo de la Judicatura. La idea es determinar si jueces y fiscales violaron el debido proceso y si los 10 jóvenes fueron perseguidos políticos.
