Entre los detenidos hay directivos de la empresa Shenzhen Yixianglong Investment Company, la gestora del almacén de desechos de obras donde tuvo lugar el desprendimiento, informó la policía en un breve mensaje difundido en las redes sociales chinas.
Las detenciones se producen dos días después de que la Fiscalía Popular Suprema de China abriera una investigación ante las «sospechas de malas prácticas» para determinar si se cometieron abusos de poder, negligencias o aprovechamientos de la ley para intereses personales.
El Consejo de Estado (Ejecutivo) de China confirmó el pasado viernes que el alud que sufrió la ciudad cantonesa fue un «accidente de seguridad» y no un desastre geológico, como se apuntó en un primer momento.
Según el estudio encargado por el Gobierno chino, el desastre ocurrió al superarse la capacidad de almacenamiento del depósito de escombros situado junto al parque industrial.
Al confirmarse el origen humano del suceso, el Consejo de Estado señaló que se depurarían las responsabilidades de todas las personas implicadas en el suceso.
Un antiguo responsable de planificación urbana del distrito de Guangming de Shenzhen, donde se produjo el desprendimiento, se suicidó la pasada madrugada al saltar desde lo alto de un edificio. Las autoridades no explicaron si el funcionario, apellidado Xu, estaba siendo investigado por sus conexiones con el accidente.
Más de una semana después del alud todavía quedan 75 desaparecidos, según los últimos datos oficiales.
Unas 5.000 personas y 700 excavadoras trabajan en la zona del alud para tratar de encontrar a las personas que quedaron sepultadas y de retirar la tierra y los escombros que se desprendieron de una escombrera que, según publicaron medios chinos, llegó a alcanzar los 95 metros de altura.
Shenzhen, vecina a Hong Kong, es una de las urbes chinas que ha experimentado un crecimiento más vertiginoso en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a problemas de gestión de los residuos de esas obras, como han reconocido responsables municipales.
