En la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea se cuestionó el artículo 28 del proyecto urgente de Ley Humanitaria para enfrentar la pandemia de la COVID-19.
Este texto propone que los porcentajes de los aportes que financian el seguro de desempleo, montos y cálculos de la prestación establecidos en la Ley de Seguridad Social, podrán ser modificados con base en resultados de estudios actuariales independientes realizados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) conforme a lo que indiquen la ley y las disposiciones del Consejo Directivo.
Guillermo Celi (SUMA) dijo que es un artículo que deja a la discrecionalidad el manejo de los fondos del Seguro Social y que son de los afiliados.
Homero Castanier (CREO) refirió que legislar sobre fondos del IESS sin tener idea del impacto que se pueda generar en esa entidad es ‘grave’.
Andrés Isch, delegado del Ministerio de Finanzas, dijo que cada uno de los artículos de la propuesta del Ejecutivo fueron trabajados en conjunto con el Seguro Social. Adujo que es para garantizar que la cobertura adicional que se quiere dar esté financiada.
Isch aseguró que son pocas las personas que acceden al seguro de desempleo. A pesar de que todos los trabajadores aportan –incluso los afiliados voluntarios– no pueden aplicar a ese beneficio.
Otro inconveniente, según el especialista, es que para acceder a ese seguro se exige que haya sido por un despido intempestivo y se tenga una sentencia o una prueba de esa terminación del contrato. Por ello se amplió, agregó, a cualquier caso de terminación, excepto por acuerdo entre las partes, es decir, por renuncia.
“Lo que había pedido el IESS es que se pueda mover medio punto porcentual del fondo de cesantía hacia el seguro de desempleo para cubrir a más personas, y ese es el objetivo del artículo 28”, señaló.
El funcionario mencionó que, según cálculos del IESS, la cuenta del seguro de desempleo podría soportar en este momento hasta 500 000 desempleados. “Ahora son 20 000 personas al año que acceden a este seguro”, agregó.
Celi reclamó la presencia de un delegado del Ministerio del Trabajo para conocer el número de personas desvinculadas. “Se nos habla de que hay 387 000 trabajadores que están suspendidos, de esos el 15 % estaría ya desvinculado, entonces no tenemos una certeza en números reales y aquí hay que hacer un cruce de información con el IESS”, indicó Celi.
Fuente: El Universo – Nota Original: aquí
