La cartera de Estado manifestó en un comunicado que respalda ese proceso y que aceptará las resoluciones que se dicten por parte de la entidad interamericana.
La CIDH presentó el pasado 13 de febrero un documento con las conclusiones del caso de la menor de edad, identificada como Paola del Rosario Guzmán Albarracín, que se suicidó cuando tenia 14 años debido al abuso y acoso sexual al que fue sometida en una institución publica ecuatoriana.
La comisión manifestó que «la niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector de su colegio y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida«.
La CIDH responsabiliza asimismo al Estado ecuatoriano de la «violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad«, y censura que falló a la hora de proteger a la menor y garantizar «su condición de niña, la igualdad y no discriminación«, entre otros derechos.
La Corte presentó al Ecuador varias recomendaciones frente a estos hechos, entre ellas, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, brindar de forma gratuita e inmediata un tratamiento médico-psicológico a las víctimas, disponer las medidas administrativas y disciplinarias o penales frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales.
Por otro lado, el Ministerio educativo reiteró que se compromete a «implementar las herramientas necesarias para garantizar que estos delitos no se repitan y no queden en la impunidad».
Para ello, avanzó que prevé desarrollar estrategias que permitan combatir los actos de violencia de cualquier tipo en el país andino, como la creación de espacios libres y seguros de cualquier forma de violencia.
Las instituciones educativas en Ecuador cuentan con protocolos de atención para llevar el procedimiento correspondiente a una «atención oportuna, protección, investigación y restitución de derechos«, en situaciones de violencia, reafirmó.
Por otro lado, indicó que existen campañas de prevención en centros educativos que se llevan a cabo con el apoyo de organismos internacionales como Unicef.
Estas iniciativas permiten que la comunidad educativa no solo conformada por estudiantes sino también por docentes, padres de familia y funcionarios administrativos, participen y establezcan una relación de confianza a la hora de denunciar una situación de violencia, concluye el comunicado.
Fuente: EFE, aliado estratégico de FM Mundo
