«La norma ISO 37001 es el documento base con el que se establecerán políticas para evitar prácticas de soborno, sean de tipo directo o indirecto, y que se pueden aplicar tanto en el ámbito público como privado», dice un comunicado del Sercop, que preside el Comité Nacional de la ISO para Ecuador sobre «Sistemas de gestión Antisoborno».
Se trata de una normativa que «ya se aplica a nivel internacional y que en cooperación con el Instituto Nacional de Normalización (INEN) se pondrá en vigencia en el país», anuncia.
En la nota, Juan Pablo Bermeo, subdirector del Sercop, destaca que la institución rectora de la Compra Pública en el país ha trabajado desde 2016 en el establecimiento de las bases para el control de actos ilícitos como el «direccionamiento, favorecimiento y manejo de información privilegiada en este ámbito de la contratación pública».
La ISO 37001 es una norma internacional de Sistemas de Gestión contra el soborno en la que se ha tomado como base la ya existente BS 10500: Anticorrupción y Ética empresarial, norma desarrollada por el Instituto Británico de Estandarización (BSI, por sus siglas en inglés).
La fecha exacta de implementación de la nueva norma será anunciada en los próximos días por César Díaz, director del INEN y el Sercop.
Bermeo informó de que el Sistema de Contratación Pública «ya se encuentra muy por encima de los parámetros mínimos que la ISO 37001 exige», con la existencia de matrices de riesgos, controles, monitoreo y seguimiento interno y externo de los procedimientos.
Destacó, por ejemplo, la existencia de una normativa que prohíbe la entrega de regalos, donaciones o dádivas por parte de los proveedores a las entidades contratantes.
«El siguiente paso es que el sistema de contratación pública haga exigibles, tanto para entidades contratantes, como para proveedores, los parámetros que la ISO 37001 establece», dijo el funcionario.
La introducción de la norma coincide con la creación por el presidente Lenín Moreno de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción destinado a limpiar la sociedad ecuatoriana de lo que calificó de una «plaga».
Coincide además con los primeros arrestos de sospechosos relacionados con posibles casos de soborno por la firma brasileña Odebrecht.
