El informe ecuatoriano incluye recomendaciones sobre el cumplimiento de las responsabilidades y normas éticas de los funcionarios públicos; y, las políticas de prevención para una relación adecuada entre la remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.
En el proceso de análisis del informe participó una delegación de Ecuador que está compuesta por Karina Peralta, vocal del Consejo de la Judicatura; Raquel González, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Carlos Pólit, contralor General del Estado; y Pablo Calle, viceministro de Servicio Público. Cada funcionario realizó una explicación, de acuerdo a su ámbito, sobre los importantes avances que Ecuador registra en la lucha contra la corrupción.
Expertos de Guatemala, Surinam y de la Secretaría Técnica del Mesicic fueron los encargados de evaluar todas las acciones emprendidas por Ecuador.
