El juicio político en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui Solano, entró a la etapa final una vez que se cerró la fase de prueba de cargo y de descargo con las comparecencias de los testigos, el acusador y la acusada en el proceso.
La funcionaria fue acusada por el legislador Darwin Pereira, del bloque Pachakutik, de ocho supuestos incumplimientos de funciones que tienen relación con irregularidades en la designación de los defensores de clientes, operaciones financieras no autorizadas como el caso Big Money en la ciudad de Quevedo, fraude informático en instituciones financieras, renegociación de deudas entre usuarios y banca privada.
La Comisión de Fiscalización, en esta semana, cerró la etapa de prueba y tiene cinco días de plazo para presentar el informe para conocimiento del pleno, pero en la mesa no se descarta solicitar cinco días adicionales que se contemplan dentro de la normativa.
Pereira al concluir la etapa de prueba comentó que le quedan dudas de que en la Comisión de Fiscalización haya voluntad política suficiente para recomendar al pleno de la Asamblea Nacional el inicio del juicio político en contra de la funcionaria.
Esto lo asegura, según Pereira, porque en la etapa de prueba algunos legisladores fueron más incisivos con sus testigos y los perjudicados de la banca antes que con la superintendenta de Bancos, a quien casi justifican su accionar frente a las irregularidades y la falta de cumplimiento denunciados.
El legislador de Pachakutik insiste que hay razones para destituir y censurar a la funcionaria, porque a su criterio en las comparecencias de los mismos testigos de la Superintendencia admitieron que los bancos cobraron valores ilegales durante la pandemia, y que lo vergonzoso fue que justificaron esa arbitrariedad por errores del sistema, que los bancos no programaron bien sus sistemas informáticos y que la Superintendencia ha dispuesto la devolución, por lo tanto, el problema estaba solucionado. Cuando el órgano de control debió aplicar sanciones, dijo.
Respecto al caso Big Money, el interpelante señaló que cuando se detectaron estas operaciones financieras no autorizadas debió suspender inmediatamente esas actividades y no esperar que la Fiscalía actúe, y la Superintendencia de Bancos recién en el mes de agosto emita una resolución de sanción, cuando el principal responsable ya había levantado el negocio irregular.
La superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, durante su exposición explicó que en el caso Big Money, la institución a su cargo actuó pues el 7 de julio de 2021, que inicio un proceso sancionador en contra de Miguel Ángel Nazareno y que concluyó con una multa pecuniaria de $ 200.000, por realizar captaciones de recursos de terceros por $ 969.564. Que además toda la documentación a la Unidad Antilavado de la Fiscalía del Estado.
Comentó que la Superintendencia de Bancos no es pesquisa, tampoco tiene un supervisor en cada esquina de cada barrio, no hay presupuesto para eso, pues su trabajo es controlar a las instituciones autorizadas para realizar actividades financieras; por lo tanto, anotó que el interpelante confunde los roles de la Superintendencia de Bancos con los de la Policía Nacional y Fiscalía General del Estado.
Insistió que la Superintendencia de Bancos actúa por las alertas ciudadanas o institucionales, por ello, en el caso de Big Money, actuó cuando informó la Fiscalía del Estado e inmediatamente se coordinaron acciones.
Al concluir su exposición ante la Comisión de Fiscalización, la funcionaria sostuvo que no ha incumplido sus funciones, que ha ejercido su cargo con absoluta responsabilidad, objetividad, transparencia y estricto cumplimiento de la Constitución. Solicitó el archivo del juicio político en su contra.
Ana Belén Cordero (CREO), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, manifestó que es evidente que existe de parte de los usuarios de la banca si existen inconvenientes y fallas en la atención oportuna del servicio al cliente, sin embargo, afirmó que no existe un nexo directo cómo esos errores de determinadas instituciones financieras pueden ser incumplimientos de la ley.
Recalcó que existieron comparecencias de personas afectadas de determinada institución financiera desde hace 24 años y que ni siquiera presentaron quejas ante el organismo de control, con lo cual por la parte de las comparecencias, salvo dos personas, el interpelante no logró sustentar las acusaciones.
Cordero indicó que en el caso de la captación ilegal de dinero a través de Big Money, es un hecho que demanda del control de los entes reguladores como Fiscalía, jueces, Policía Nacional y Superintendencia de Bancos, sin embargo, instituciones que realizan intermediación financiera no autorizada como fue el caso en análisis, no necesariamente en un inicio está en el radar del ente regulador, pero se logró evidenciar que cuando fue una noticia criminis, tanto la Superintendencia de Bancos y Fiscalía cumplieron su labor.
Para una moción de censura y destitución de la superintendenta de Bancos, según el artículo 131 de la Constitución se necesitan 70 votos. (I)
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
