Por lo menos 678 personas han enfrentado procesos judiciales en los últimos 10 años en el país por haber participado de protestas contra el Gobierno.

Así lo refleja un balance presentado hoy por dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y defensores de los Derechos Humanos.

Según Wilson Ordóñez, abogado de la CONAIE, también el 2016 cierra como un «año de la judicialización y el hostigamiento» contra líderes sociales. Entre ellos aludió a los 21 de Saraguro (Loja), que fueron condenados por un tribunal a ofrecer disculpas a la Policía, y a los 7 de Pastaza, que afrontan querellas por ejercer su derecho a la resistencia.