El Gobierno de Ecuador ha suspendido de manera temporal la toma de muestras genéticas a presos tras las críticas al procedimiento que se generaron al hilo de la exclusiva de EL PAÍS, que documentaba que el hisopado bucal se estaba realizando bajo la presión de los militares que controlan las cárceles y sin informar debidamente a los reos.
La instrucción es convencerles de que no consulten con su abogado y ocultarles el derecho por ley a negarse a que le tomen las muestras.
A través de un comunicado en redes sociales el SNAI, la entidad del Gobierno responsable de las cárceles, confirmó que el 21 de febrero inició un censo penitenciario, donde además, se les toma los perfiles genéticos a los presos para crear un banco de datos con fines forenses y humanitarios, “siempre que exista el consentimiento informado de las personas privadas de libertad”, dice el oficio.
El mismo documento fue compartido en los chats de trabajadores públicos del Gobierno a los que se les obligó a publicar el comunicado oficial en todas las redes sociales y difundirlo entre sus familiares.
El censo penitenciario que realiza el SNAI inició en la cárcel de Riobamba y de Cotopaxi, una de las más peligrosas del país, donde hay más de 4.300 internos, donde la instrucción ha sido “no leer a los PPL los términos de consentimiento, ellos ni los entienden”, según tres fuentes distintas.
El proceso de registro se ha continuado este lunes 18 en la Penitenciaría del Litoral, que ha sido escenario de motines y masacres y donde se han asesinado cruelmente a 250 personas.
A los presos de la Penitenciaría los acomodan en los pabellones según la organización delictiva. Este centro carcelario no está completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas, a los que se les entregó la seguridad de las cárceles en el decreto de estado de excepción del 8 de enero.
Solo en esta cárcel hay cerca de seis mil internos repartidos en 12 pabellones. Sin embargo, a los internos de la Penitenciaría ya no se les están tomando las pruebas genéticas porque fueron suspendidas y no se ha explicado cuándo se retomarán.
EL PAÍS pidió información sobre el tema al SNAI, al Ministerio de Gobierno y a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, pero no han respondido a la solicitud.
Si bien las muestras de ADN que se les está extrayendo a los internos pueden servir para crear una base de datos que facilite el reconocimiento en caso de masacres, para el control de suplantación de identidad, también pueden ser usados para involucrarlos en crímenes que vayan a cometer en el futuro o que ya hayan perpetrado en el pasado.
Por ejemplo, un preso condenado por homicidio que preste su material genético podría encontrarse con que esas muestras coinciden con las que se recogieron en un caso de violación.
En Ecuador la ley de protección de datos ampara a los ciudadanos a tener derecho a conocer de la existencia y acceder a los datos genéticos que consten en entidades públicas o privadas. Y se debe especificar cuál será el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino, así como el tiempo de vigencia de esa base de datos y la autorización cada vez que se utilice.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil ha dicho que solicitará información sobre esta práctica al Gobierno para pedir la auditoría del proceso y verificar si cumplió con entregar las información y firma del documento que respalde el consentimiento de la persona privada de libertad para entregar la muestra genética.
Fuente: El País
