El proyecto de Ley Emergente Humanitaria se sometía hasta la mañana de ayer a una “revisión jurídica” en el Gobierno para enviarlo a la Asamblea Nacional para su debate.
El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aspiraba a que el texto estuviera listo ayer, confirmó en una entrevista radial, al asegurar que el objetivo es enfrentar la crisis sanitaria por la propagación del coronavirus (COVID-19).
El 10 de abril, el presidente Lenín Moreno anunció el envío de esta propuesta que el fin de semana se afinó. Se establece la creación de una Cuenta de Asistencia Humanitaria, que se alimentará con recursos de las empresas a las que se cobrará el 5 % de la utilidad a las que ganaron más de USD 1 millón, en tres pagos mensuales.
Los trabajadores con relación de dependencia se acogerán a una tabla de contribución humanitaria en la que, por ejemplo, a los que perciban USD 500 se les restaránUSD USD 2, y quienes ganen USD 50 000 pagarán USD 4400 por nueve meses.
El domingo se anunciaron algunos cambios: los servidores públicos que ganen menos de USD 1 000 se “acogerán a la tabla de contribución humanitaria”, y los que ganan más de ese monto aportarán con el 10 % de su remuneración por 9 meses.
Los trabajadores de Salud, Educación, Policía Nacional y Fuerzas Armadas no harán ninguna contribución.
El presidente de la Federación de Trabajadores Públicos, Miguel García, espera conocer el proyecto oficial para plantear una posición, pero opinó que descontar el 10 % del salario de un servidor sería equivalente a “no pagar el décimo tercer sueldo y eso es oneroso”.
A este escenario se suma que entre la Asamblea y el Legislativo parece no haber coordinación. Ayer, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, insistió en que ya se habían iniciado los acercamientos con las bancadas políticas.
Pero el presidente de la Asamblea, César Litardo, reveló que aún no hay un documento oficial de la propuesta y que siguen esperándolo desde hace tres semanas cuando empezó la crisis.
Afirmó que esta Función se sumará al planteamiento de reducción de sueldos planteado por el jefe de Estado, pero cuestionó que es una “medida populista frente a acciones de fondo que se deben tomar”.
Vicente Taiano, coordinador del PSC, increpó que no han mantenido reuniones con autoridades del régimen, y que lo lógico es que el texto que será tratado en la Asamblea sea previamente discutido por los bloques legislativos. En todo caso, la posición de la bancada es “no apoyar impuestos disfrazados de solidaridad”.
El coordinador del bloque RC, Pabel Muñoz, anticipó que no apoyarán una propuesta “que implique meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos que menos tienen”.
Luis Pachala, vocero de CREO, señaló que aún no hay reuniones formales sobre el contenido del proyecto; y consideró que el Gobierno está “ensayando propuestas”.
Para él, la reducción de sueldos en un 50 % de altas autoridades es para “recuperar popularidad”. Y anticipó que no apoyará propuestas que impliquen impuestos.
El legislador de SUMA Héctor Muñoz confirmó que tampoco han tenido acercamientos con el frente económico del Gobierno, pero cuando llegue el texto espera “corregir temas que quedaron en el aire” como la creación de un fideicomiso con dineros públicos.
Fuente: El Universo-Nota original: LINK
