La Asamblea Nacional inició este jueves 1 de agosto, el segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria del Código Integral Penal (COIP), que incluye iniciativas en materias de lucha contra la corrupción; delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niñas, niños y adolescentes; seguridad ciudadana, reformas penales en materia de tránsito, entre otros.
Franklin Samaniego, miembro de la Comisión de Justicia, destacó la incorporación del proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante.
La normativa tiene por objeto definir acciones integrales, compartidas, articuladas y conjuntas entre las entidades públicas y los ciudadanos en la lucha contra la corrupción desde todos los ámbitos, sean civiles o administrativos, adicionales a las que, por mandato constitucional y legal, le corresponden a la Fiscalía General para investigar delitos.
Establece que cuando una denuncia contribuya a la recuperación efectiva de bienes, dinero, fondos, activos y beneficios que sean el producto de actividades ilícitas, el denunciante podrá acceder a una compensación económica proporcional a los recursos que el Estado logre recuperar.
Otro tema importante que contempla la norma es la integridad sexual sobre niños y adolescentes. Como antecedente, Samaniego indicó que el informe Aampetra alerta sobre más de 7.000 casos de agresiones sexuales en escuelas.
Ante ello se han planteado dos alternativas: que las personas privadas de libertad busquen un tratamiento médico y psicológico para buscar un rehabilitación; y el juzgamiento en ausencia en casos de delitos sexuales.
En el segundo punto, lo que se ha planteado es que en caso de que se violente a un niño y no se presente el procesado para el juicio, la causa continuará y, de llegar a una sentencia, el violador será detenido.
Pero uno de los puntos de mayor polémica es el referente al aborto no punible en caso de violación, incesto o inseminación no consentida.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, explicó que esta figura del aborto no punible está ya vigente y lo que se hace con la reforma es crear excepcionalidades para no criminalizar la interrupción del embarazo.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
