María Eugenia es niñera, esa es su forma de sobrevivir en Quito. Una vez que empezó el aislamiento dejó de recibir su salario, pero también perdió la cita que tenía para la regularización. Así que las cosas se le han complicado en este tiempo. “Al perder la cita también perdí el seguro médico, porque yo compré un seguro de corta duración y pedí ese dinero; me tocará volver a contratarlo cuando se reactive la regularización”, dice con una voz apesadumbrada. Una de las condiciones para la regularización era que los aplicantes contrataran un seguro de salud.
“Pero en este momento los venezolanos tenemos muy poco trabajo y los que eran informales no tienen nada. Así que pagarse un seguro de estos resulta imposible!”, explica Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. A Flourish chart Una vez decretado el estado de excepción, el 16 de marzo pasado, válido por dos meses, se publicó otro decreto específicamente para los venezolanos que tramitaban sus visas. Allí se explica que los ciudadanos de ese país y que están en la regularización tendrán 60 días más para ello, una vez que finalice el estado de excepción.
Así que la espera para María Eugenia y otros compatriotas suyos se hace más pesada. “¿Cómo voy a contratar un seguro médico nuevo, si el más barato cuesta USD 45, si tengo que ver cómo sobrevivir?”, se pregunta. Además, si se amplía el estado de excepción también se alarga el proceso de regularización. Según la Cancillería, 56 334 venezolanos se han regularizado entre agosto 2019 y marzo 2020, por lo que al menos faltarían unos 180 000 para hacer este trámite.
El estado de excepción se produjo cuando faltaban 15 días para el cierre del proceso. De ahí que las personas que no obtuvieron una cita, o las que perdieron por el cierre de actividades, traten de regresar a su país. Julia está entre los 41 venezolanos que llegaron a Quito caminando desde Guayaquil. “No sabemos ya cómo vamos a llegar a Rumichaca. Estamos en un albergue en Quito”, dice antes de cerrar la comunicación telefónica. Solo quiere regresar a su país. Ahora se siente atrapada.
Cancillería ha recordado a los extranjeros que deben cumplir el confinamiento. Mientras tanto, las cosas en el puente internacional de Rumichaca se van apaciguando, luego de que el jueves por la noche la Policía colombiana reprimiera a los venezolanos que querían pasar a Colombia y, de allí, a su país. Según la Prefectura del Carchi, unas 150 personas se encuentran afectadas por el cierre del puente en el lado colombiano. Muchos de ellos están retenidos desde la semana pasada.
El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, insiste en que se debe establecer un corredor humanitario, por lo que solicita a las cancillerías de Ecuador, Colombia y Venezuela una respuesta inmediata, para evitar que la situación se agrave. La autoridad también insiste en realizar un control exhaustivo de la movilidad en el territorio ecuatoriano. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Tulcán hizo un pedido al Comité Nacional para que establezca lineamientos para la atención de personas en movilidad humana, en el marco de la emergencia sanitaria.
En esta urbe, organizaciones no gubernamentales ayudan en el pago de arriendos para 204 familias de extranjeros y hospedaje en hoteles para otras 400 personas. En Ibarra, Imbabura, también se han establecido siete albergues para 250 personas que se encontraban en tránsito. El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, señala que en la localidad colombiana se realizan controles migratorios exhaustivos para contener el paso irregular de migrantes.
Nota Original: El Comercio – LINK
