Cheyre y el resto de los exuniformados llegaron este jueves 7 de febrero de 2019 hasta la Brigada de Derechos Humanos de la Policía donde se les notificó su detención, la cual cumplirán en un regimiento de Santiago “en calidad de autores del delito de aplicación de tormentos a detenidos” en el regimiento Arica de la ciudad de La Serena (norte), ocurridos pocos días después del golpe militar que dio paso a la dictadura de Pinochet (1973-1990), indicó un comunicado del Poder Judicial.
El juez Vicente Hormazábal, de La Serena (480 km al norte de Santiago), investigó las denuncias que realizaron víctimas quienes aseguraron haber sido torturados en una sección del regimiento Arica. El magistrado estableció que Cheyre “quedó a cargo de esta (sección) y es sindicado por varios denunciantes como autor directo de los interrogatorios y torturas”, indicó el fallo de Hormazábal.
En tanto, los exoficiales Jaime Ojeda y Mario Larenas, también quedarán detenidos mientras se efectúe la investigación del caso, mientras que Ariosto Lapostol -quien fuera comandante de Cheyre en el regimiento donde se produjeron las torturas- cumplirá arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
Este caso es parte de otra causa judicial por la que Cheyre ya fue condenado en noviembre de 2018 a tres años de libertad vigilada por encubrir 15 homicidios en 1973, cerrando uno de los episodios del siniestro caso Caravana de la Muerte, en la que un grupo de militares realizaron viajes en helicóptero por varias ciudades para hacer juicios y ejecuciones de opositores a la dictadura de Pinochet.
Comandante en jefe del ejército entre 2002 y 2006, Cheyre fue detenido en 2016 por este caso tras ser acusado de haber encubierto los asesinatos. Días después fue puesto en libertad tras pagar una fianza de unos USD 1 500.
En 2004, cuando Cheyre era comandante del Ejército, publicó una polémica columna en un diario local en la que afirmaba que la institución militar había asumido “las responsabilidades por los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado” y que haría “esfuerzos concretos para que nunca más vuelvan a repetirse”.
Durante la dictadura, unas 3 200 personas murieron o fueron desaparecidas, mientras que unas 38 000 fueron torturadas, según datos oficiales.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
