La comparecencia del fiscal general Carlos Baca Mancheno en la Asamblea Nacional duró cerca de tres horas, ayer, 16 de junio de 2017. Al final, los legisladores no recabaron nuevos detalles sobre la investigación del caso Odebrecht.
Tampoco del juicio político en contra del contralor Carlos Pólit. El propio Fiscal reconoció al inicio de su intervención que solo daría datos generales. Recordó que hay un sigilo para la información que él obtuvo en Brasil. El acuerdo de cooperación eficaz al que llegó la Fiscalía con Odebrecht es reservado. Recoge testimonios de personas que están involucradas en la trama de corrupción.
Sus acusaciones deben ser probadas antes de que se puedan judicializar en el Ecuador. Además, los procesos que se han adelantado se encuentran en etapa de indagación previa. No se proporcionó datos (además de reservar posibles nombres, vínculos, montos económicos y contratos específicos en las negociaciones entre funcionarios del Estado y la firma Odebrecht) de cómo se ha procedido en la investigación o por qué se allanó la casa del Contralor General.
Lo que sí se pudo adelantar es que Odebrecht utilizó un esquema de operaciones para que los sobornos no puedan ser identificados fácilmente. Estructuró “un portal de aparente legalidad” y por esta razón, agregó el Fiscal, resulta complicado para los organismos ecuatorianos de control detectar anomalías.
Si los legisladores, en medio de su papel fiscalizador, solicitan todos los contratos que la constructora brasileña suscribió en Ecuador; así como los procesos precontractuales y de control posterior, difícilmente encontrarán indicios de algo ilegal, recalcó el Fiscal.
“En el fondo se ocultaba una red que manipulaba contratos, ocultaba sobornos y anulaba el control posterior”. Por esto solicitó a los asambleístas que generen normas para que a futuro se establezcan mecanismos para detectar y combatir el uso indebido de los paraísos fiscales, actos de corrupción y para evitar la asociación ilícita.
