La preocupación de los migrantes indocumentados en Estados Unidos fue evidente después del triunfo del republicano Donald Trump. Su política migratoria incluye 10 puntos, entre los cuales está la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera suroeste entre México y Estados Unidos; el fin a la política de detener y liberar a inmigrantes indocumentados aprehendidos después de cruzar la frontera; tolerancia cero para inmigrantes que cometan crímenes en Estados Unidos; y el bloqueo de fondos federales para las ciudades donde las autoridades no reportan la presencia de inmigrantes indocumentados.
También se incluye la reversión de las órdenes ejecutivas sobre inmigración decretadas por Barack Obama, la suspensión de la emisión de visas para los países donde no exista una «inspección real y exhaustiva» de las personas que las solicitan, como Libia y Siria, la puesta en marcha del sistema biométrico de visas, la suspensión de empleos que atraigan inmigrantes indocumentados, el aseguramiento de que los países reciban a sus ciudadanos deportados; y la reforma del sistema de inmigración que beneficie a los estadounidenses, en particular aquellos con bajos salarios.
Trump en su primera entrevista a los medios explicó que los indocumentados que tengan antecedentes judiciales o sean identificados como pandilleros o traficantes de drogas serán expulsados de EE.UU. «Lo que vamos a hacer es atrapar a las personas que son criminales y tienen antecedentes criminales, miembros de pandillas, traficantes de drogas, que son muchas personas, probablemente 2 millones, quizá hasta 3 millones, y los vamos a sacar del país o quizá los vamos a encarcelar», dijo el republicano. Esto suaviza un poco su discurso, pues durante su campaña había asegurado que durante sus 100 primeros días de Gobierno deportará a 11 millones de personas. Esto ya fue aclarado en la misma entrevista en la que aseguró que el destino de los otros ocho millones de indocumentados será decidido una vez se «asegure» la frontera sur con México.
Por su parte, la canciller mexicana Claudia Ruiz Massieu pidió a los diplomáticos de su país en Estados Unidos que preparen programas de apoyo a inmigrantes mexicanos. Pidió a los diplomáticos mantenerse cerca de la comunidad mexicana, diseñar “planes de protección y asistencia consular” y “transmitir mensajes de confianza y tranquilidad, así como a evitar provocaciones y posibles fraudes migratorios”.
El anuncio de deportaciones y los primeros nombramientos en el equipo de transición sugieren “un acercamiento muy agresivo y duro hacia los inmigrantes”, según Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada.
Los efectos ya se sienten en Estados Unidos. El odio hacia los migrantes es evidente. La diócesis episcopal de Washington pidió a Donald Trump y sus seguidores “que se distancien de los actos de odio”, tras un ataque vandálico contra una iglesia en Maryland con una amplia población latina. “Nación Trump. Solo blancos”, se escribió.
