La Cancillería de Ecuador informó que no concederá salvoconducto a la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, para que salga del país a recibir asilo en Argentina.

Créditos: El Telégrafo

Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que tras un análisis jurídico se concluye que no es lícito «conceder asilo a una persona condenada por hechos de corrupción». Agrega que Duarte fue condenada a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016.

«La cancillería ecuatoriana hace notar que el juicio se inició, cursó y concluyó antes el periodo del actual Gobierno; que su sentencia causó ejecutoría en septiembre del 2020 y que es evidente que la señora Duarte no ha cumplido su pena«, cita el texto.

Esto, luego de que la diplomacia de Argentina habría dado un “ultimátum” a Ecuador para que responda sobre el asilo de Duarte en ese país. Frente a esto, la cancillería citó a Gabriel Marcelo Fucks para que dé explicaciones respecto a publicaciones de prensa relacionadas a esta presión. “Ecuador rechaza cualquier intento de poner plazos o condiciones a un tema que requiere un meticuloso análisis jurídico”, señala un documento de cancillería.

En Notimundo Estelar, Luis Narváez Rivadeneira, exembajador ecuatoriano, aseguró que el tema de fondo es cómo la justicia ecuatoriana administró esa sentencia que pone un señalamiento a la conducta de Duarte.

Aunque Ecuador ya anunció su decisión, Narváez aseguró que el camino más idóneo es el de mantener una relación de diálogo y de apertura entre ambos países sin dejar de lado la firmeza en las resoluciones ni las razones que tienen ambas naciones sobre el caso de Duarte.

El exembajador ecuatoriano explicó que la calificación del asilo le corresponde exclusivamente a Argentina, “Ecuador no puede, ni legal ni jurídicamente, determinar si el asilo es válido o no”, dijo y aseguró que, al final, se va a encontrar una fórmula que garantice el derecho argentino de dar asilo y el derecho ecuatoriano de preservar el cumplimiento de la justicia a través de la solicitud de atención a la extradición de Duarte.

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