El Decreto dispone la movilización de personal hacia los centros de rehabilitación social especialmente de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y de Menores Infractores.
Estas instituciones deberán articular acciones para controlar y prevenir actos de violencia en los centros carcelarios. La orden ejecutiva además suspende el derecho de inviolabilidad a la correspondencia, libertad de información y de asociación y reunión.
El Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y de Menores Infractores deberán aplicar las medidas para el cumplimiento de esta restricción.
El Decreto también contempla requisiciones con el objetivo de mantener el orden en los centros, aunque estos se harán en situaciones especiales y en atención al ordenamiento jurídico aplicable para esta situación.
De esta medida se notificó a la Asamblea Nacional, Corte Constitucional y organismos internacionales. Se dispuso al Ministerio de Finanzas los recursos necesarios para el cumplimiento de este Decreto, que entra en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK
