La decisión de no imputar cargos implica el sobreseimiento del caso contra Julian Assange en Suecia. Esta decisión se produce tras la práctica de diligencias previas en la sede de la Embajada de Ecuador en Londres, en noviembre de 2016.
El Gobierno del Ecuador lamenta que la fiscal sueca haya demorado estas diligencias por más de cuatro años. Este retraso innecesario e injustificado, con gravísimas consecuencias para el debido proceso, se produjo a pesar del reiterado ofrecimiento de cooperación por parte del Gobierno de Ecuador, que desde el primer momento ofreció las instalaciones de su embajada para ese fin.
En una reciente comunicación transmitida a las autoridades suecas, el pasado 8 de mayo, el Ecuador reiteró su preocupación por la manera de proceder de la fiscal, Marianne Ny, que generó una nueva dilación en el desarrollo del caso. Tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, en su decisión 54/2015, como la Corte Suprema sueca, establecieron claramente la responsabilidad de las autoridades suecas, y en particular de la fiscal, en la falta de debido proceso y la afectación a los derechos humanos de Julian Assange como consecuencia de las dilaciones injustificadas en la instrucción del caso.
A consecuencia de esta decisión, la orden de detención europea que pesaba contra Julian Assange ya no está en vigor. El Gobierno del Ecuador solicita a las autoridades del Reino Unido la concesión del salvoconducto que permita al ciudadano australiano disfrutar su asilo en el Ecuador.
Una vez más, el Gobierno del Ecuador reitera la vigencia del asilo concedido al ciudadano australiano Julian Assange en agosto de 2012, y reafirma que la protección del Estado ecuatoriano subsistirá mientras concurran las circunstancias que motivaron la concesión de dicho asilo, en particular el temor de sufrir reales y potenciales actos de persecución política.
