La asambleísta de Creo, Blanca Sacancela, dijo, al igual que varios actores políticos, que el documento fue mal elaborado y, aunque este no tiene sustento ni legal ni jurídico, sirvió para medir fuerzas en el Pleno del Legislativo.
Sin embargo, el trámite no queda ahí. Lo que corresponde ahora es que un asambleísta formalice la solicitud de juicio político con el respaldo de al menos 46 legisladores. Ese pedido debe presentarse ante el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien deberá ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y que a su vez deberán remitirlo a la Corte Constitucional, para que decida si emite o no un dictamen de admisibilidad.
Frente a esto, Sacancela expresó que desde el oficialismo confían en que la Corte Constitucional hagan un trabajo independiente. “La confianza está puesta en el más alto órgano de control en materia jurídica porque, de lo contrario, estaríamos abriendo la puerta a un precedente nefasto en materia de violación al proceso y, sobre todo, a la misma Constitución”, dijo.
No obstante, mencionó que si es que se da una muerte cruzada, que es una de las opciones que tiene el Primer Mandatario, “muchos asambleístas nunca más estarán ocupando una curul”.
Aseguró que las denuncias de una presunta red de corrupción en las empresas públicas, por parte de un medio de comunicación digital, tuvo un “impacto importante” en los resultados de la consulta popular propuesta por el presidente Lasso y que fue rechazada en sus 8 preguntas.
Agregó que mientras los legisladores que proponen el juicio político contra Lasso para regresar al poder y que le país no gane, el Gobierno sigue trabajando desde las competencias que el pueblo le entregó. Sin emabrgo, Sacancela hizo un llamado a los asambleístas a retomar los canales de diálogo para poder llegar a consensos en beneficio de la ciudadanía.
En relación a las movilizaciones que tienen previstas varias organizaciones por el Día de la Mujer y otras como el Frente Unitario de Trabajo, en contra del Gobierno, Sacancela precisó que rechazan “la anarquía y el modelo de vivir al susto y a la amenaza”. Concluyó que una nueva jornada de manifestaciones traería afectaciones en materia económica para el país y resaltó que el derecho a la protesta no se debería usar como excusa para desestabilizar al Ecuador.
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