Así lo acordaron ayer los miembros del Concejo Metropolitano, en una sesión extraordinaria en la que analizaron la propuesta formulada por la Secretaría de Movilidad. Esta reforma es necesaria porque a través de ella se ampliará el plazo para completar la regularización de taxis. En el texto original, el plazo vence este viernes, 31 de agosto.
Sin embargo, el cumplimiento de esta meta es inviable. Según el secretario de Movilidad, Alfredo León, la necesidad de ampliación se da a raíz de que el Concejo dispusiera suspender el proceso durante 60 días.
Esta suspensión finalmente se prolongó por 102 días. Por ello, León propuso una ampliación de 90 días en el plazo para que la Agencia Metropolitana de Tránsito continúe con los trámites respectivos. Actualmente, 10 270 conductores cuentan con un certificado de idoneidad y pueden avanzar en la regularización.
Sin embargo, la ordenanza solo prevé la entrega de 8 693 títulos habilitantes. La cifra se fijó tras un estudio realizado en la ciudad sobre la demanda del servicio de taxis. Sin embargo, en el proyecto de reforma analizado ayer, no se mencionó el número de cupos.
Para la independiente Luisa Maldonado, la reforma debería tomar en cuenta a quienes están en procesos de revisión, por ejemplo, y buscar una salida legal para resolver el caso de quienes pese a contar con un certificado de idoneidad no logren un cupo, debido a que existe un límite de 8 693.
Para el concejal Marco Ponce (SUMA), es necesario considerar que el estudio que sirvió de base para la ordenanza tomaba en cuenta la realidad al 2017. Sin embargo, Quito tiene una proyección de crecimiento por lo cual el límite podría variar con el paso de los años. León dijo que es necesario que el proceso concluya para, luego de saber cuántos cumplen con todos los requisitos, proponer al Concejo una solución.
Según su criterio, aún no se puede saber si habrá o no un excedente. Además, el proyecto dispone un plazo de 60 días para crear un instructivo de verificación de estándares de calidad para taxis.
El concejal Carlos Páez (Alianza País) señaló que el control de la calidad debe ser una prioridad y no puede postergarse. Según su criterio, deben aplicarse estándares de calidad fijados en ordenanzas previas y no hace falta más plazos para crear instructivos.
