El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció un supuesto intento de golpe de Estado aparentemente inspirado por el Ministerio Público, horas después de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentara una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso de la República.
“El día de hoy (martes), en horas de la mañana, se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y hacer creer al país de que mi persona lidera una red criminal, lo cual rechazo rotundamente”, dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
El Ejecutivo no puede ser acusado penalmente mientras está en funciones, de acuerdo con la Constitución. La denuncia busca suspender al presidente de sus funciones y poder ponerlo a disposición de la justicia para que sigan en marcha las investigaciones de la Fiscalía y eventualmente sea juzgado por la Corte Suprema.
Hasta el momento, la Fiscalía ha abierto seis investigaciones contra Castillo, cinco de ellas por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gobierno. El presidente ha negado en reiteradas ocasiones estos señalamientos.
Es la primera vez que un fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional contra un presidente en funciones.
Dos horas antes del pronunciamiento del mandatario, en un mensaje público, la fiscal de la Nación denunció que había hallado “muy graves y reveladores indicios de existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas, organización presuntamente liderada por el presidente de la República, (Pedro) Castillo Terrones”.
La denuncia constitucional fue presentada por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, que habría cometido el mandatario en los casos conocidos como Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Puente Tarata; Petroperú; y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es decir, tres de los seis casos por los que el mandatario es investigado por la Fiscalía de la Nación desde principios de año.
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