El Fisco se propuso la ambiciosa meta de recortar entre el 10 y el 15% de su presupuesto como una medida para afrontar la crisis fiscal. Eso significa que el Gobierno debe bajar gastos por hasta USD 5 325 millones en este año.
Hasta el 30 de mayo próximo, las funciones del Estado tienen plazo para revisar su asignación presupuestaria para el recorte dispuesto, principalmente en pago de salarios de la burocracia.
La decisión se tomó el pasado 5 de mayo, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe). En la cita participó el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien además conminó a las funciones Judicial y de Transparencia a realizar ajustes, pues en este momento la prioridad se enfoca en atender los sectores de población vulnerable, de salud y productivo.
El funcionario explicó que la situación es “extremadamente compleja” para el país, debido a la caída de ingresos por las ventas petroleras y a la reducción de la recaudación tributaria. Además, informó que los procesos de traspaso o venta de activos al sector privado no se podrán cerrar este año.
Todo esto significará una disminución de ingresos fiscales por USD 8 000 millones en el 2020. De ahí que la cifra de recorte planteada es importante, aunque no suficiente. Por ahora es lo que legalmente el Ejecutivo puede hacer sin recurrir a una reforma que deba pasar por la Asamblea Nacional.
El artículo 74 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas faculta al Ejecutivo a rebajar o aumentar el presupuesto en un 15% respecto del valor aprobado por el Legislativo.
Hasta abril, el plan del Fisco se redujo hasta un monto de USD 32 580 millones; es decir, USD 2 800 millones menos frente a lo que inicialmente se preveía gastar en este año.
Los recortes más importantes llegaron en marzo y en el mes pasado, sobre todo en el rubro de inversión. Uno de los ajustes fue la reducción del presupuesto para universidades por USD 100 millones, que generó el rechazo de estudiantes y autoridades de las instituciones de educación superior.
Los gobiernos autónomos descentralizados también sentirán el golpe, es decir municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Este sector recibe asignaciones específicas de los sectores tributario y petrolero, pero la Ley faculta al Ejecutivo a reducir trimestralmente estas asignaciones en función del flujo real de los ingresos que perciba.
La caída del presupuesto de este sector podría ser del orden de USD 600 millones hasta ahora. En enero se aprobó una asignación de USD 3 632 millones a estas entidades para el presente año.Los ajustes continuarán las siguientes semanas.
El Gobierno emitió, desde el fin de semana pasado, nueve decretos para eliminar siete entidades públicas y fusionar ocho. Los plazos para cumplir con estos procesos van de 30 a 60 días.
Entre las firmas que se eliminarán se encuentran: Secretaria Técnica del Comité Nacional de Límites Internos, Secretaria Técnica de Juventudes, Instituto de Fomento del Talento Humano, Agencia de Regulación y Control Postal.
También están las empresas públicas Enfarma, Fabrec y Cementera del Ecuador. La supresión de estas tres últimas no es nueva, porque en abril del 2018 el Gobierno anunció ya su eliminación, dentro del plan de optimización del Estado. Este proceso se debía cumplir hasta el 2021.
Mientras tanto, ocho entes relacionados con trabajo, educación superior, arte y otras serán fusionadas. Hasta marzo pasado en 12 entidades -de las 15 en las que se plantean ajustes- trabajaban alrededor de 1 808 personas.
En todas estas, el presupuesto asignado para este año asciende a USD 152,3 millones, según información de Transparencia en las páginas electrónicas institucionales. El Ministerio de Economía y Finanzas mencionó que se encuentran analizando el impacto económico de esta medida en el Presupuesto del Estado.
Para Walter Spurrier, analista económico, este tipo de ajuste es “simbólico” frente a la magnitud del problema que tiene el Estado. Por ello, dijo que se deben realizar ajustes más profundos, porque incluso en las áreas de salud, educación y otros existe burocracia innecesaria.
Además, dijo que en el caso que se supriman entidades, las personas desvinculadas no deben ser contratadas o transferidas a otras instituciones del sector público. Esta no es la primera vez que el Gobierno emprende acciones para reducir el tamaño del sector estatal.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
