En Notimundo al Día, María de Lourdes Maldonado, directora de la organización Dignidad y Derecho, señaló que con la interrupción voluntaria del embarazo se pretende reconocer un derecho «inexistente» en la Constitución, contraviniendo otros como el derecho a la vida, el libre acceso a la información para las mujeres y la libertad de conciencia.
Respecto a los plazos para su práctica, Maldonado resaltó que el único criterio que se tomó en cuenta es la viabilidad fetal, dejando de lado otros argumentos respecto de la seguridad de la madre y estudios de expertos, que recomiendan no practicar la interrupción del embarazo después del segundo trimestre de gestación.
Maldonado indicó que tampoco se tomó en cuenta la armonización de derechos que la Corte Constitucional había establecido en la sentencia, respecto al niño no nacido. «Se ha demostrado que, a partir de las 12 semanas de gestación, un feto ya siente dolor«, acotó.
.@lulimj: “Si bien se redujeron los plazos previstos para practicar el aborto, no se tomaron en cuenta criterios respecto de la seguridad de la madre, solo la viabilidad fetal ”
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— NotiMundo (@notimundoec) January 26, 2022
A su criterio, en el debate del martes 25 de enero en el Pleno de la Asamblea Nacional se evidenció que el aborto clandestino continúa incrementándose, y se lo practica sin verificar la causal de excepción que estableció la Corte, que es únicamente en los casos de violación. Además, que no se protege a las mujeres vulnerables.
Maldonado dijo que es de suma importancia la presentación de una denuncia para que se pueda realizar el aborto en estas situaciones. Esto no está contemplado en el proyecto de Ley que se discute en el legislativo, además de que deja una puerta abierta para la impunidad. «¿Qué pasa si el violador es quien lleva a la niña o adolescente, para ocultar la evidencia del delito?», dijo.
Otra falencia, explicó Maldonado, es que en el informe de mayoría se permite que una niña acceda al aborto sin consentimiento de sus padres o tutores legales. A su criterio, el proceso debe ir acompañado de una investigación penal, con una denuncia y un examen médico que certifique que ocurrió un caso de violencia sexual.
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