Nestor Marroquín señaló que en el Registro Civil hay un número indeterminado de fallecidos y de ciudadanos extranjeros que constan como nacidos en Ecuador que integrarían el Registro Electoral, y prueba de ello, dijo, es que desde la Coodinación de Gestión Tecnológica del Registro Civil se pudo verificar que existían esas falencias.
Marroquín comentó que para las elecciones de 2009 se comunicó al CNE que había 11 877 personas con doble número de cédula. Esto, dijo, se lo realizó con el objetivo de que se corrijan esas novedades. “Si se mantienen hasta la actualidad, las autoridades deben tomar medidas para que las mismas no influyan en el resultado de las elecciones”, afirmó el exauditor, quien acotó que alrededor de un millón de registros tendrían inconsistencias en el padrón.
Asimismo, enfatizó que lo importante en estos momentos es que a los auditores que están en el CNE se les permita hacer una verificación del padrón. “El proceso de registro electoral es el principal y debía estar más controlado porque el resto de procesos de las elecciones son derivados”, expresó.
De su lado, Ruth Hidalgo confirmó que alrededor de 10 500 voluntarios estarán en campo durante las elecciones de febrero de 2017 para el conteo rápido, y para elaborar la muestra definitiva esperan que el CNE les haga llegar en los próximos días el Padrón Electoral.
Hidalgo dijo que, desde hace 20 años atrás, el padrón electoral siempre ha sido un problema previo a los procesos electorales porque no se ha logrado armonizar la información proveniente del Registro Civil. “El reto más importante para las autoridades electorales es lograr un padrón electoral lo más limpio posible. Se debería tener un acercamiento técnico, no político, entre el CNE y las organizaciones para tratar este tema”, añadió.
Además, apuntó que una de las cosas más importantes que gustaría ver a la Corporación Participación Ciudadana en estas elecciones es el control de la publicidad oficial porque es necesario generar procesos limpios, acompañados de igualdad de participación de los diferentes actores políticos. “La Ley es clara en señalar que se prohíbe la utilización de recursos públicos para campañas electorales. El CNE y la Contraloría deben aplicarlo”, acotó.
Mientras tanto, Nubia Villacís aclaró que el Registro Electoral ecuatoriano tuvo un proceso de auditoría que se realizó desde febrero, y los auditores de las organizaciones políticas determinaron que existió menos del 1% de inconsistencias. “En el último proceso electoral fueron 12’600.000 ecuatorianos que participaron y para febrero de 2017 se proyecta 12’800.000”, detalló.
Enfatizó, además, que el proceso de depuración del Registro Electoral tuvo la participación de las organizaciones políticas habilitadas para las elecciones. Sin embargo, especificó que ningún registro en el mundo es 100% perfecto. “Porque pasa un tiempo entre su cierre y las elecciones, y puede existir en ese lapso defunciones y otras novedades”, precisó.
