Desde septiembre pasado la sentencia se encuentra en firme, y se inició la fase de ejecución una vez que el proceso volvió al Tribunal de Juzgamiento que emitió el fallo de primer nivel. A Córdova, además de la pena de ocho años de cárcel en calidad de autor directo, se le ordenó cancelar $ 778.000 como indemnización para el Estado por el daño ocasionado a través del delito de cohecho.
Alejandro Sarzosa, parte de la defensa del empresario Córdova, explica que el Código Orgánico General de Procesos (Cogep) permite que los ejecutados propongan una fórmula de pago a la obligación de reparación económica que mantienen vigente. Además, apunta el abogado, Córdova no cuenta con los recursos económicos, sobre todo en efectivo, para satisfacer esta obligación.
Por ello, ante el mandamiento de ejecución emitido por el nuevo Tribunal de Ejecución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la defensa del sancionado propone una fórmula de pago que consiste en dimitir una serie de bienes que están a nombre de Rafael Córdova: dinero en efectivo que estaría retenido por orden judicial (más o menos $ 123.000 en cuentas bancarias), bienes inmuebles que están a nombre de Córdova (aproximadamente $ 330.000) y la diferencia que se pueda pagar a plazos.
Para poder establecer una fórmula de cuántos años, qué dividendos, en cuántas cuotas y a qué interés, la defensa del empresario ha solicitado que eso se haga a través de una mediación, porque sería una materia transigible. A finales del 2020, la defensa del Córdova planteó una medición con la Procuraduría para resolver este tema, pero no señaló una fórmula de pago como en este caso. La PGE en ese momento se opuso a que se dé paso a una mediación.
La propuesta debe ser aceptada o rechazada por la PGE, que en este caso es la parte ejecutante. Es por ello que el Tribunal de Ejecución, el viernes último, dispuso poner en conocimiento de la Procuraduría la fórmula de pago de Córdova y explicó que sobre ella se resolverá en el momento procesal oportuno, de conformidad con la norma supletoria prevista en el artículo 392 del Cogep.
De lo que se conoce, los empresarios también condenados en este caso Víctor Fontana y Alberto Hidalgo son los únicos que han pagado en su totalidad la reparación integral dispuesta de $ 778.000 y $ 368.000, respectivamente. El empresario Pedro Verduga, de 82 años, también ha presentado en su momento una propuesta para pagar la reparación impuesta.
La defensa de Córdova estaría a la espera de una resolución ante la acción extraordinaria de protección que se le aceptó a trámite en la Corte Constitucional (CC). Córdova fue uno de los dos empresarios a los que la CC le admitió a trámite la acción de protección, mientras rechazó las hechas por otros 16 de los sentenciados, entre ellos, los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas.
Mientras tanto, el Tribunal de Ejecución, como parte del proceso que retomó con la nueva conformación, sigue recibiendo información solicitada a instituciones bancarias nacionales respecto a cuentas o inversiones que mantendrían los procesados en el sistema financiero ecuatoriano.
También ha recibido pedidos hechos por personas relacionadas a los sentenciados, como por ejemplo, el realizado por la pareja del exministro Walter Solís, a quien hace pocos días México le otorgó refugio por cuestiones humanitarias.
La mujer solicitó que el comiso de bienes y cualquier medida tendente a ejecutar la reparación sea dictada sobre los bienes propios del exministro y sobre el 50% de los derechos patrimoniales que le corresponden en la sociedad conyugal que mantuvo con ella. El Tribunal declaró respecto al pedido que no existe cuestión que resolver debido a que la forma del embargo o el comiso de bienes debe resolverse en el momento procesal oportuno.
Sobre el escrito presentado por uno de los hijos del empresario Pedro Verduga, quien en su calidad de heredero pide la notificación a los herederos conocidos, el Tribunal pidió al solicitante que singularice las direcciones que conozca respecto de los herederos de Pedro Verduga, con la finalidad de proceder a su notificación; o, en su defecto, que promueva la comparecencia por escrito y voluntaria de los herederos indicando si aceptan o repudian la herencia.
Finalmente, se ingresó al expediente judicial el escrito presentado por PGE, el 28 de mayo pasado, con el cual solicita se siente razón sobre el incumplimiento del mandamiento de ejecución.
La reparación integral ordenada en el caso Sobornos 2012-2016 para autores mediatos por instigación, autores directos y coautores fue de $ 778.000, mientras que para los cómplices fue de $ 368.000. La reparación económica que todos deben completar en este proceso penal por corrupción alcanza la suma de $ 14,7 millones.
Nota Original: El Universo – LINK
