Esa era una respuesta al consejero Hernán Ulloa, en medio de una encrespada sesión en la que le advirtió a Almeida que la Asamblea Nacional está analizando políticamente la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura.
“¡Ya superen a Murillo! ¡Yaaa!”, le dijo Almeida.
Ulloa exhortó a los asambleístas a solicitar información sobre los movimientos del personal que se habrían dado en esa institución, luego de que el 23 de abril pasado, con cuatro votos a favor, el CPCCS removió a Murillo de su cargo, basándose en un informe del exministro del Trabajo Andrés Isch que alertaba de una inhabilidad.
“A ver si ahí está el hijo de un asesor mío o mi primo hermano en una dirección nacional. Va a ver cómo explota como burbuja su mayoría, presidenta. Soy un tipo decente”, anotó Ulloa.
Antes de tomar la decisión, el pleno se acogió también a un informe jurídico elaborado por Freddy Viejó González, excoordinador jurídico del CPCCS y cercano a Almeida, en el que recomendaba remover al consejero.
Murillo planteó acciones de protección en contra de la decisión. El 19 de mayo, un juez de Pichincha ratificó su destitución. Sin embargo, fue reintegrado a sus funciones por decisión de un Tribunal de Pichincha el 21 de junio.
Mientras estas acciones se ventilaban en los juzgados, el 1 de junio de 2021, la Judicatura contrató por servicios ocasionales a Freddy Viejó Flores, hijo de Viejó González, como ayudante judicial de la Corte Provincial del Guayas.
También se habían dado otros cambios en varias direcciones, en la matriz en Quito, como en Guayas.
La presidenta tiene quién la defienda en la Asamblea. Su tío, el asambleísta Luis Almeida (PSC), tildó de “sicario judicial” al legislador Ricardo Vanegas (PK) en un pleno del 15 de julio, por estar en contra de la “presidenta y otra dama en el CPCCS, a cambio de prebendas de jueces, juzgados, de empleados intentan ganar una elección del Colegio de Abogados del Guayas”.
Según Almeida, esta “persecución” se da luego de que su sobrina tuvo que comparecer en la Comisión de Justicia a propósito de la remoción de Murillo.
Otro nudo crítico en el CPCCS es la situación legal del defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago.
A finales de junio, los consejeros de minoría, Ulloa, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira, mocionaron exhortar a que Pablo Celi renuncie como subcontralor del Estado y que Freddy Carrión renuncie a la Defensoría del Pueblo.
Criticaban que los dos ejercían funciones desde la cárcel 4 de Quito, ya que Celi (que renunció) es investigado por presunta delincuencia organizada y Carrión por sospecha de abuso sexual.
Por unanimidad se aprobó el exhorto para que Celi renuncie. Sobre Carrión, no. Los cuatro consejeros de mayoría no respaldaron la iniciativa porque primero querían un informe jurídico sobre su situación legal, que la preparó el mismo Viejó.
Bravo dijo en una última plenaria que preguntaría a la consejera Ibeth Estupiñán Gómez si su exasesora Karen Carrión Gálvez es familiar del defensor.
Estupiñán le indicó: “No ando husmeando en el árbol genealógico de los funcionarios”.
Carrión Gálvez es gerenta general de la empresa Energy Travel, de la que el accionista mayoritario es Ángel Carrión Intriago y el minoritario es el defensor Freddy Carrión Intriago, según los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías.
Desde el 2 de julio, Karen Carrión ascendió de cargo. De exasesora pasó a ser subcoordinadora nacional de Rendición de Cuentas del Consejo, después de la reelección de Almeida como presidenta, la que fue impulsada por la consejera Estupiñán, quien ahora funge como delegada permanente del CPCCS ante el Consejo de Comunicación, el 19 de julio por decisión de Almeida.
En tanto, como delegado de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Esmeraldas está Álex Estupiñán Gómez, quien es hermano de Estupiñán.
En ese contexto, este 26 de julio se realizará la audiencia preparatoria de juicio en la que se conocerá si Carrión es llevado a etapa de juzgamiento.
Nota Original: El Universo – LINK
