Romo manifestó que “esa línea no se corresponde” con la postura de respeto a la libertad de expresión por parte del presidente, Lenín Moreno, y su Gobierno, que se ha expresado en su decisión de impulsar reformas a la Ley de Comunicación y la firma de la Declaración de Chaputepec.
“Es allí, con una serie de acciones concretas, en donde se ha expresado la postura del Presidente y del Gobierno de respeto a la libertad de expresión”, indicó la Ministra al ser consultada sobre el tema. La también secretaria encargada de gestión de la Política aseveró que la propuesta de Mendoza es algo de lo que no se ha conversado, coordinado o consultado, con el Ejecutivo.
Por su parte, Elizabeth Cabezas cree que se requiere “educar a la gente para que las redes sean utilizadas de manera responsable” y que no sean utilizadas “para destruir a las personas” con información sin fundamentos. “Usted no puede vivir eliminando y suprimiendo todos los medios para que dejen de hablar a favor o en contra”, acotó la Presidenta de la Asamblea, quien ve “muy complejo” controlar a las redes. De su lado, el asambleísta Mendoza espera que en el Parlamento se abra una discusión del tema y que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) por “cálculos políticos” no deseche su proyecto.
Mendoza aseguró que su proyecto “no tiene ni punto de comparación” con el proyecto de ley que regula los actos odio y discriminación en redes sociales e Internet, que envió el expresidente Rafael Correa a la Asamblea antes de dejar el poder. “Me da chiste realmente cuando alguien quiere tratar de tildar de correísta a la propuesta, cuando desde nuestro despacho hemos sido uno de los legisladores que más he combatido el autoritarismo, la corrupción del correato”.
María José Carrión, una de las coordinadoras de AP, sostuvo que se trata de una “propuesta muy interesante”, aunque manifestó que todavía no ha sido analizada al interior de su bancada. Pero Lenín Plaza, otro de los coordinadores, señaló que debería ser archivada.
El consejero presidencial Santiago Cuesta, a través de su cuenta de Twitter, se mostró partidario de que se debata este tema. “Totalmente de acuerdo. ¿Por qué un periodista tiene responsabilidad ulterior y un insultador Anónimo ninguna? Las redes han provocado mucho daño y el afectado ni siquiera sabe quién es su insultador. Nombre apellidos y domicilio requisito mínimo para interactuar en redes”, tuiteó Cuesta.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK