En la diligencia de hoy, el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre el Reino de España y la República del Ecuador y en la Ley de Extradición Pasiva española, para autorizar la extradición solicitada.
Procuraduría dice que se introdujeron nuevas pruebas como las copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia, que sustentan que el Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero. “Esa documentación se ingresó debidamente apostillada y fue aceptada por la Sala 3 de la Audiencia Nacional”.
Según Procuraduría, el abogado de Romero Quezada, por su parte, se limitó a alegar cuestiones que tienen que ver con el fondo del proceso penal que se tramita en Ecuador. “No analizó si se cumplen o no con los requisitos para que proceda la extradición de acuerdo al Convenio vigente celebrado entre Ecuador y España. Tampoco aportó nuevas pruebas. Romero estuvo presente, por lo tanto no se han dictado nuevas medidas cautelares”.
El pedido de extradición fue presentado por el Ecuador el 13 de julio de 2018. Previamente, dentro de este proceso, el fiscal español concluyó que “procede acceder a la solicitud de extradición de Pablo Romero”. La resolución sobre la audiencia desarrollada este 9 de enero se deberá dictar en los próximos días.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
