En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, representantes del Sindicato de Auxiliares de Enfermería del Hospital Enrique Garcés, de Quito, pidieron su intervención para que se les haga una nueva revisión del pago de las horas extras, que estuvieron mal calculadas y de las cuales la Contraloría les pide reintegren los valores pagados como excedentes.

Asamblea Nacional

Manuel Gavilánez y Nancy García manifestaron que desde enero de 2005 a diciembre del 2009 no se hicieron a tiempo los pagos de horas extraordinarias y suplementarias, si no en forma retroactiva y en varias partes, a la vez que señalaron que según la auditoría realizada al hospital  le habían cancelado valores superiores a los que debía recibir cada trabajador.

Dijeron que este problema involucra alrededor de 495 trabajadores de esta institución, amparados bajo el contrato colectivo, que les reconoce el pago de esos haberes. También informaron que por el no reembolso de los valores determinados como excedentes se les ha iniciado juicios de coactiva y el hospital les retiene sus sueldos sin autorización, durante ocho meses, para cubrir estos supuestos pagos en exceso.

El Hospital no cumplía mensualmente con el pago de horas extraordinarias, horas suplementarias, recargo legal con el 25% de la remuneración unificada por jornadas nocturnas y recargo del 100% de la remuneración unificada por jornadas de trabajo en días festivos y de descanso obligatorio, derecho que está contemplado en el décimo primer contrato colectivo en su cláusula vigésima, afirmaron.

Por último señalaron que trabajan en horario cíclico y, por tanto, tienen derecho a las horas suplementarias.

Ordenanza de recategorización en Zamora Chinchipe

El organismo Legislativo, también recibió a Napoleón Ordóñez, funcionario del Municipio de Zamora, quien se refirió a la aplicación de la Ordenanza de Reorganización Interna y de Aplicación de la Norma Técnica del Subsistema de Descripción y Clasificación de Puestos de los Servicios Públicos de la Institución. Expuso que en el año 2011 se emitió esta ordenanza para recategorizar las escalas laborales en donde a muchos de los trabajadores se los ubicó en una categoría menor y se les redujo su salario. En su caso se le bajó de categoría 11 a la 9,  lo que implicó la baja de su sueldo de 2000 a 1500 dólares. A su criterio esto no es legal, vulnera  derechos y discrimina al profesional.

Sobre el mismo caso, Graciela Chamba, exprosecretaria del Consejo Provincial de Zamora Chinchipe manifestó que en el 2012 cuando se hizo la reclasificación la bajaron a servidora pública 3 grado 9, con un sueldo 1150 dólares. Explicó que  tiene título de tercer nivel y cuyo cargo -según la ley- es de libre nombramiento y remoción, por tanto no pierde la calidad de servidora de carrera, por lo que ha pedido al Prefecto  se le reubique con las mismas condiciones, es decir,  servidora pública 5 grado 11 con el sueldo de 1212 dólares.

La Comisión de los Trabajadores hará el seguimiento de ambos casos, para cual pedirá información a los entes respectivos y emitir un informe sobre los casos.