Un juez envió a prisión preventiva la madrugada del domingo al exministro de Salud Marcelo Navajas y dictaminó medidas contra otras dos personas en Bolivia a raíz del escándalo por la compra con presuntos sobreprecios de 170 respiradores a una empresa catalana para usarlos durante la pandemia del coronavirus.
En otros países de América Latina también han surgido denuncias de compras de aparatos e insumos sanitarios con presuntos sobrecostos, en momentos en que la región lidia con un incremento acelerado de los contagios y de fallecimientos por COVID-19.
Los ventiladores se compraron a la firma catalana GPA Innova con un costo total aproximado de 4,7 millones de dólares, es decir, unos 28.000 dólares cada uno, según las investigaciones. El sobreprecio fue algo más del triple del costo real, según develó un portavoz de la firma a medios bolivianos.
Navajas, de 62 años, fue el segundo ministro de Salud en la gestión de Áñez y estuvo en su cargo 45 días hasta su destitución el jueves. El juez lo mandó preventivamente por tres meses a una cárcel del centro de La Paz mientras se desarrolla la investigación.
“Quiero reiterar mi total inocencia y denunciar ante el mundo que en mi país se ha consumado un abuso, ya que la justicia presume la culpa antes que la inocencia«, dijo Navajas en un mensaje grabado que envió posteriormente a los medios.
El gobierno de Áñez trató de desligar a su gobierno relacionando la compra con un funcionario que trabajó estrechamente con la exministra de Salud, Gabriela Montaño, en la gestión del expresidente Evo Morales. Pero los opositores enfilan sus cuestionamientos contra la actual administración.
Fernando Velenzuela, director jurídico del Ministerio de Salud que también fue destituido por Áñez debido al escándalo, deberá cumplir seis meses de detención carcelaria preventiva, dictaminó el juez. El fiscal Ruddy Terrazas informó que Valenzuela declaró que el exministro fue quien autorizó la compra y que estuvo al tanto del proceso.
Mientras tanto, a una asesora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gabriela Pérez, involucrada en la supuesta compra, le dieron detención domiciliaria.
El BID, que financió y ayudó con la compra de los equipos, informó que está haciendo una investigación rigurosa, aunque adelantó que la compra era responsabilidad directa del gobierno. El procurador José María Cabrera solicitó el viernes información a ese organismo, pero aseguró que no recibió colaboración.
Fuente: El Universo-Nota Original: LINK
