El Mandatario informó que a noviembre de 2015 se registraron 182.640 juicios por pagos de alimentos y que a ese mismo mes habían 821 personas apresadas por esos casos.
Correa aseguró que este tipo de detenciones es lo más cercano que hay a prisión por por deudas, pero recordó que en estas circunstancia prevalece el derecho superior del niño y está de acuerdo con eso. «¿Pero qué estamos buscando: justicia o venganza?», se consultó el gobernante.
El Jefe de Estado recordó que en meses anteriores se envió a la Asamblea Nacional una propuesta para que las personas que estaban inmersas en caso de apremio por alimentos puedan dormir en prisión, pero que por las mañanas puedan salir a buscar un empleo para devengar la deuda. Sin embargo esa intención fue rechazada por la Mesa de Justicia de la Legislatura.
Teniendo en cuenta que mantener a un reo le cuesta $ 15 diarios al Estado ($ 450 mensuales) y que la pensión alimenticia promedio en el país es de $ 5 al día ($ 160 al mes), el Gobierno analiza 2 opciones para estos casos.
La primer sería que las personas que están pagando penas de cárceles por pensiones alimenticias – y otros PPL de baja peligrosidad- puedan usar brazaletes de monitoreo para que puedan buscar empleo sin dejar de ser vigilados por las autoridades.
Una segunda opción es que el Estado asuma el pago de las pensiones alimenticias y que el PPL trabaje temporalmente para el Estado en empleos de baja remuneración. Este medida se la implementaría hasta que el involucrado pueda conseguir un trabajo.
En el caso de desarrollarse esta segunda propuesta el Estado debería invertir $ 4,5 millones anuales.
