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En lo referente a las cuatro consultas populares, impulsadas en el anterior gobierno, se asignó un presupuesto de $ 102 millones. La primera se efectuó en 2007 y la última se unificó con los comicios presidenciales de 2017.

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Durante los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa, los ecuatorianos asistieron siete veces a las urnas; en total, se destinaron $ 545´608.067 en los procesos democráticos.

En 2007 y 2008 se convocó al pueblo para elegir una Asamblea Constituyente y un referendo aprobatorio para la nueva Constitución; en 2009 se adelantaron las presidenciables y se unificaron con las seccionales.

En 2011 se convocó a las urnas para consultar en 10 preguntas el cambio del sistema judicial, Ley de Comunicación y temas relacionados a la afiliación a la Seguridad Social y espectáculos con animales, las cuales ganaron, pero con estrecho porcentaje. Adicionalmente, aunque no fueron de carácter nacional, hubo procesos para la provincialización de Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, y la cantonización de Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos.

Las votaciones, la mayoría, se caracterizaron por el pronunciamiento favorable, pero este fenómeno se debió a que el exmandatario aprovechó el descontento ciudadano a su favor.

“(El expresidente) Correa supo recoger esa insatisfacción respecto al papel que cumplían las instancias del Estado y levantó un discurso que recogía aquello para su provecho”, expresa Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral.

Esta práctica implementada más de 10 años responde a un “abuso a la democracia, en la que gobiernos prácticamente dictatoriales, basados en elecciones populares y prácticas democráticas, buscaban quedarse aunque no haya un equilibrio en las funciones del Estado”, sostiene Andrés León, exvocal del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE).

No fueron suficientes los procesos democráticos, además se eliminó el TSE que funcionaba desde 1945 y se creó el Consejo Nacional Electoral como una medida, supuestamente, para “despartidizar” el organismo.

“Sufrimos constantemente los ataques del señor Correa, que nos calificaba como tribunal de la partidocracia”, comenta Jorge Acosta, último presidente del antiguo organismo. Él recuerda los conflictos constantes entre el entonces Congreso Nacional, el TSE y el Ejecutivo por las propuestas de consulta.

“Cuando fuimos miembros del TSE éramos siete vocales de siete partidos diferentes y esto hacía que de alguna manera hubiera un control mutuo”, sostiene. Esto se cambió con el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) porque, a criterio de León, sus integrantes eran personas de una misma línea política que obedecían órdenes desde Carondelet, lo que fue notorio.

Recalca que no había la necesidad de cambiar la institución y una prueba es que “actualmente el Consejo de Transición volvió a tomar formas que tenían que ver con el sistema pasado”.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK