En su informe anual publicado este jueves, el Departamento de Estado acusa que «el gobierno de Venezuela no cumple con los estándares mínimos para eliminar la trata ni está haciendo los suficientes esfuerzos para lograrlo».
Según el informe, las autoridades venezolanas solo investigaron un caso pero no se acusó formalmente a nadie, a pesar de que, según el informe, mujeres y jóvenes venezolanas son sujetas de tráfico sexual y de turismo sexual infantil dentro del país y que presuntamente existe trata sexual y laboral con victimas de otros países de Sudamérica, el Caribe, Asia y África.
«Cuando hablamos de trata de personas, estamos hablando de esclavitud, esclavitud moderna, que todavía hoy afecta a 20 millones de víctimas», dijo el secretario de Estado John Kerry, durante la presentación del informe.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el reporte es «el recurso más comprehensivo del mundo sobre los esfuerzos gubernamentales contra la trata de personas» y califica a 190 naciones en total sobre qué tan efectivamente están combatiendo la trata de personas, desde lo peor en el nivel 3 hasta lo mejor en el nivel 1.
Venezuela fue incluido en el nivel 3 desde 2014, nivel en que también se encuentran otros 20 países, entre ellos Haití, que este año fue degradado a dicha categoría. Otros países son Libia, Siria, Rusia e Irán.
En la segunda categoría figuran países como México, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Jamaica, mientras que en la primera categoría, en el caso de las naciones latinoamericanas, solo se encuentran Colombia y Chile.
De acuerdo con el reporte, en el caso de Haití, la trata de personas involucra a niños que trabajan como ayudantes domésticos y que son abusados físicamente, no reciben paga y son mantenidos fuera de la escuela.
Aunque el gobierno creó un comité contra la trata y puso en marcha en plan de acción para combatirla, el reporte indica que el sistema de justicia sigue siendo débil ya que no hay suficientes recursos económicos para llevar a proceso a los acusados.
