Este lunes, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos confirmó vía Twitter que Ortega está bajo protección del gobierno colombiano y dijo que, si así lo requiere, se le dará asilo.
Tras ese tuit, el actual fiscal general de Venezuela Tarek William Saab envió tres mensajes en esa misma red social en los que dijo que «el apoyo incondicional a la exfiscal prófuga confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela» y califica lo dicho por Santos como una «afrenta» y una acción ofensiva.
Según la Cancillería colombiana, el asilo a los ciudadanos extranjeros se entrega inicialmente por cinco años y los beneficiados con esa condición pueden “ejercer cualquier ocupación legal en el país”.
Por el momento, ni Ortega ni su esposo han pedido asilo en Colombia.
¿Qué se necesita para pedir asilo?
Ortega y Ferrer cumplen con uno de los requisitos que según Naciones Unidas se deben cumplir para pedir asilo político en otro país: ser perseguidos por sus opiniones políticas.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los solicitantes de asilo son personas que piden “el reconocimiento de la condición de refugiado y cuya solicitud todavía no ha sido evaluada en forma definitiva”, que tienen “fundados temores” de ser perseguidos “por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas” y, por causa de esos temores, “no quieren acogerse a la protección de tal país, o hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuvieran su residencia habitual, no puedan o, a causa de dichos temores, no quieran regresar a él”.
Este viernes, Ortega participó vía telefónica en un encuentro entre fiscales que se realizaba en Puebla (México), y en la conversación denunció persecución en su contra relacionada con la investigación que hizo durante su periodo al frente del Ministerio Público de Venezuela del escándalo de corrupción de la multinacional brasilera de la construcción Odebrecht.
En esa conversación, Ortega aseguró que a “64 fiscales nacionales especializados en corrupción se les dictó prohibición de salida del país sin ninguna fórmula procesal por capricho del Gobierno” y “todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht”.
“Eso los tiene muy preocupados y angustiados porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones montos y personajes que se enriquecieron y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno», dijo la exfiscal en esa misma conversación.
Ni el presidente Nicolás Maduro ni miembros de su gobierno han sido acusados por las autoridades y, hasta el momento, tampoco se han pronunciado al respecto.
Fuente: CNN en Español
