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El exasambleísta de Pachakutik Cléver J. y su exasesor, Fernando V., tienen prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial por su presunta responsabilidad en la divulgación de información protegida.

El Telégrafo

La tarde del martes se desarrolló la audiencia de formulación de cargos en contra de los sospechosos en la Corte Nacional de Justicia, diligencia en la que el juez Jorge Blum dio paso a la instrucción fiscal por un periodo de 45 días.

El delito por el que se busca su juicio es por la supuesta divulgación fraudulenta del contenido de correos electrónicos enviados por el  Procurador General del Estado, Diego García, a Rafael Correa, Presidente de la República y a Alexis Mera,  Secretario General Jurídico de la Presidencia.

En una entrevista realizada por Radio Pública, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, puntualizó que el delito que se persiguen es la divulgación de información que estaba bajo reserva legal y que fue obtenida en un cruce de correos oficiales, los cuales fueron encontrados en los computadores de los sospechosos obtenidos tras allanamientos a sus oficinas.

Explicó que la Fiscalía pidió al juez que dicte la prisión preventiva en contra de Cléver J. y Fernando V. debido a que en procesos anteriores habría fugado de la justicia hasta la prescripción de sus penas y se presumía una conducta similar de comprobarse su participación en el delito.  Sin embargo, el juez dispuso las medidas alternativas que son la prohibición de la salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

La difusión de la información obtenida por los procesados se la habría realizado en 2013 a través de un boletín de prensa titulado “Abogados de Chevron asesoran a gobierno en defensa internacional” y que habría sido enviado desde el correo institucional del entonces asambleísta clever J.

En este documento se aseguraba que la firma de abogados Foley Hoag de EE.UU. fue contratada  por el gobierno ecuatoriano para la defensa de  varias demandas internacionales, pese a que trabajaba para la multinacional Chevron Texaco.

El exsambleísta también  afirmaba que la relación entre Chevron y Foley Hoag la conocían los más altos funcionarios del gobierno, por lo que exigía una aclaración.

En su exposición el fiscal Chiriboga explicó que estos datos fueron aclarados en el 2009.  Sin embargo, cuatro años más tarde, Cléver J. los  presentó como si fueran reales. Es decir, utilizó fraudulentamente esta información.

Este boletín se habría replicado en varios medios de comunicación, asimismo Cléver J. habría dado  entrevistas sobre el tema, supuestamente configurándose el delito por el que se les acusa.

Tanto Cléver J. como Fernando V. fueron sentenciados en fueron sentenciados en 2013 a 18 meses de cárcel por el delito de injurias contra el presidente Rafael Correa.

Los sentenciados acusaron al mandatario en el 2011 de supuestamente haber ordenado la incursión armada en el Hospital de la Policía, durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 (30-S), querella que fue desechada y el mandatario los contrademandó por injurias.

Los sentenciados se mantuvieron en la clandestinidad hasta que prescribió la pena  y por estos antecedentes fue que el Ministerio Público solicitó que en este nuevo proceso se dicte la prisión preventiva para los imputados y así asegurar su comparecencia a juicio y de comprobarse su culpabilidad, cumplan sus condenas.