La Corte Provincial de Pichincha levantó las órdenes de prisión preventiva, que pesaban en contra del exgerente de la empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), Guido Andrade, y otros dos funcionarios.

La semana pasada, la Fiscalía recibió la autorización para extraer la información de computadoras y celulares incautados. Crédito: Twitter Fiscalía General del Estado.

La Corte Provincial de Pichincha levantó las órdenes de prisión preventiva, que pesaban en contra del exgerente de la empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), Guido Andrade, y otros dos funcionarios.

Los tres fueron detenidos el 4 de junio del 2020 y procesados por supuesto peculado. La Fiscalía los acusa de haber comprado equipos de protección como mascarillas, visores y trajes de bioseguridad con sobreprecio.

Por ese motivo recibieron prisión preventiva. Sin embargo, los tres funcionarios dejaron la cárcel el 18 de julio, luego de una audiencia de apelación y tras presentar un habeas corpus.

En la apelación, los jueces ordenaron que los servidores municipales usen grillete electrónico, se presenten cada 15 días en la Fiscalía y que no salgan del país.

Según Lorena Grillo, abogada de la exdirectora de Seguridad e Higiene de la empresa de agua, su clienta fue liberada gracias a un habeas corpus, en donde los jueces consideraron que la Fiscalía no había sustentado la necesidad de imponer la prisión ni había presentado suficientes evidencias del caso.

“La acusación de la Fiscalía es que hubo sobreprecio, pero no se ha entregado un informe sobre eso. Al contrario, los precios de los equipos fueron adquiridos a los costos del mercado”, dijo.

Según la abogada, su clienta fue procesada, porque hizo el estudio de mercado, en donde se buscó a tres empresas que, según la Fiscalía, están vinculadas entre sí.

“Mi clienta siguió las órdenes del entonces gerente. Él le indicó con qué empresas debía elaborar el estudio de mercado”. Este caso se encuentra ya en instrucción fiscal.

La semana pasada, la Fiscalía recibió la autorización para extraer la información de computadoras y celulares incautados.

Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK