Este miércoles 23 de noviembre, se realizó la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia. En la diligencia participó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, quien formuló cargos contra Carlos P. Y., con base en 19 elementos de convicción.
Al inicio de la diligencia, el abogado del procesado, Xavier Cazar, solicitó que Carlos P. Y. comparezca a través de una videoconferencia. La jueza Silvia Sánchez consultó al Fiscal General, quien estuvo de acuerdo con la petición.
Sin embargo, la jueza no dio paso a la solicitud por improcedente, ya que según dijo no se cumplían los requisitos del art. 565 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Este dice que cuando se utiliza la videoconferencia la comunicación debe ser real, directa y fidedigna tanto de imagen como de sonido.
Posterior a esto, intervino Chiriboga Zambrano y expuso que la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por enriquecimiento ilícito en contra de Carlos P. Y. A este expediente se incorporó el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional sobre la investigación de los Papeles de Panamá. En este documento se establecieron como hechos relevantes las observaciones a las declaraciones patrimoniales del exfuncionario público.
Indicó que el 28 de octubre, la Contraloría General del Estado remitió a la Fiscalía el informe de indicios de responsabilidad penal, derivado del examen especial a las declaraciones patrimoniales juramentadas presentadas por el procesado como funcionario de Petroecuador y Ministro de Hidrocarburos, durante el período comprendido entre el 28 de febrero del 2014 y el 11 de mayo del 2016.
El examen determinó que Carlos P. Y. no reveló en sus declaraciones patrimoniales las cuentas y tarjetas de crédito que estaban a nombre de su esposa Matilde A.
Asimismo, tampoco indicó que Matilde A. por medio de escritura pública de donación, en julio del 2015, entregó a favor de sus hijos mayores de edad, el monto de 371.547,00 de dólares, valor total del crédito que tenía con la compañía Geapronsa S.A.
El Fiscal General enfatizó que en las declaraciones patrimoniales juramentadas del 28 de octubre, 12 y 13 de noviembre del 2015 y 5 de mayo del 2016, Carlos P. Y. no reveló inversiones en los bancos Bolivariano y del Pacífico.
Tampoco se encuentra declarada una cuenta corriente en el Capital Bank de la República de Panamá, aperturada el 6 de julio del 2013, a nombre de la empresa Capaya, de la cual era beneficiario.
En las declaraciones patrimoniales no consta que el 7 de marzo del 2013, Carlos P. Y. y Matilde A. suscribieron una escritura pública de concesión de derechos a favor de la compañía Geopransa S.A. Así como la compraventa que hizo la compañía Castelago S.A. a favor de Geopransa S.A. del terreno ubicado en la urbanización la Ribera de Batán.
El Fiscal General explicó que el informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría realizado a las declaraciones juradas presentadas por Carlos P. Y. determinó que existen activos no declarados e ingresos no justificados.
Es decir, hay suficientes indicios e información sobre un presunto enriquecimiento ilícito, delito contemplado en el artículo 279 del COIP. Por ello solicitó a la jueza que dicte orden de prisión preventiva.
Ante esta solicitud, la jueza dispuso la prisión preventiva del procesado y que se oficie a las autoridades pertinentes la localización y captura de Carlos P. Y.
Datos:
– El informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado es un requisito de procedibilidad para que la Fiscalía inicie un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
– Carlos P. Y. también es procesado por cohecho junto con 17 personas más.
