La resolución constitucional del juez, emitida el 30 de enero pasado, señala que al haberse definido la existencia de una violación al debido proceso se ordena que se reintegre inmediatamente a estas personas a las filas policiales y que las autoridades emitan disculpas públicas.
Gonzalo Realpe, abogado de los 39 policías demandantes, afirma que aquella expulsión fue ilegal y que se han usado las denominadas pruebas de confianza para retirar a policías que no respondían a los intereses políticos de ese entonces. “Hasta el día de hoy no sabemos cuáles fueron los resultados del polígrafo. Lo único que presentaron fue un memorándum en el que les indicaron que han sido sacados porque no pasaron la prueba. Ninguno de los policías que defiendo tienen antecedentes penales”, asegura.
Entre los demandantes está el exsargento Luis Baldeón, quien hoy maneja un taxi. Él asegura que su salida responde a una retaliación de sus superiores al no cumplir ciertas órdenes que implicaban mirar hacia otro lado en las acciones para controlar el flujo migratorio en la provincia de Esmeraldas.
John Garaycoa, presidente de Mac Security –empresa que da el servicio de poligrafía–, indica que la aplicación de este mecanismo es válido, ya que “es una herramienta técnico-científica que registra los cambios fisiológicos involuntarios en la persona cuando miente”.
Esta prueba tiene una confiabilidad que va del 95% al 98% si se hace siguiendo parámetros técnicos. “Primero se hace prueba de familiarización donde, por ejemplo, se pide (a la persona) que escoja un número y cuando se llega al que eligió se le pide que mienta y se comprueba que el equipo está funcionando. Con eso obtenemos un patrón”, explica.
El polígrafo tiene cinco elementos, entre ellos, la manga cardiaca que registra el flujo sanguíneo, que no se puede controlar. “Cuando contestamos una pregunta nuestro cerebro hala determinada cantidad de sangre. Cuando mentimos nuestro cerebro requiere mayor cantidad de sangre, entonces ese es el patrón que se mide”, dice.
