El exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo R., juanto a otros cuatro exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Inteligencia, fue llamado a juicio por el caso 'Caminito'; en el que se habrían malversado fondos públicos.

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La decisión la tomó el conjuez nacional, Richard Villagómez. Crédito: El Telégrafo

El conjuez nacional, Richard Villagómez, llamó a juicio a cinco personas en el denominado caso ‘Caminito’, en el que el principal procesado es el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo R.

El exfuncionario así como Cecilia S., Jorge G. y Juan de Dios L. son acusados de autores directos del delito de peculado, mientras que Walter O. de cómplice. En este caso, se usaron recursos públicos supuestamente para investigar una presunta amenaza contra la seguridad del Estado.

La decisión del magistrado se dio a conocer en la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen que se reinstaló este lunes 21 de octubre, con la presencia del fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga. Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Toainga presentó más de 120 elementos de convicción que fueron el sustento para presentar su dictamen acusatorio.

La investigación fiscal se inició con base en el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, luego de que efectuara un examen a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2013, en el que se determina que esta entidad utilizó fondos públicos permanentes de gastos especiales para aplicar la operación encubierta denominada ‘Caminito’.

Según la Fiscalía, dicha operación pretendía obtener información sobre un presunto grupo de hackers que tenían información secreta de las Fueras Armadas, de la Corte Nacional de Justicia, entre otras instituciones.

Al parecer tenían en su poder las claves de acceso a correos electrónicos y cuentas personales de ministros de Estado, lo cual colocaría al país en un alto grado de vulnerabilidad.

Según el informe y la posterior investigación de Fiscalía, existieron irregularidades en la Senain, ya que no fue justificado el pago a un informante conocido como ‘El Ruso’, dentro de la operación, sobre todo porque no se ha logrado determinar la existencia de dicho sujeto, lo que habría ocasionado un perjuicio para el Estado de aproximadamente USD 162 582.

Fuente: El Telégrafo – Nota Original: LINK