A finales de 2016, durante el período del exdirector de Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal), Francisco Sierra, se planificó la creación de Observasur, para lo cual Ramírez suscribió un convenio con esa entidad académica.
Observasur, que desapareció en 2017, consta en el informe definitivo con indicios de responsabilidad penal que la Contraloría General del Estado emitió a la Fiscalía General después de auditar las cuentas de Ciespal. Según ese informe, Ramírez Gallegos suscribió el 25 de mayo de 2017 un contrato con Ciespal como director del Observasur.
También contrataron como coordinadora e investigador para esa entidad a su exasesora de despacho y excoordinador de gestión de Senescyt. Ramírez percibió mensualmente, de acuerdo con la Contraloría, $ 5.800; su excompañera de Senescyt, $ 3.000, e igual valor el otro funcionario. Esos pagos se hicieron con recursos del Estado.
La Contraloría señala en el informe que con “recursos propios debía crearse el primer Observatorio, situación que no se dio, puesto que se creó en Ciespal una dirección sin sustento legal. Además, los directores generales de Ciespal crearon, respectivamente, y suscribieron contratos de trabajo indefinidos para la Dirección de Observasur sin que previamente haya sido creada formalmente y sin objetar la falta de definición de funciones, cargos y remuneraciones a cancelarse, que no existieron dentro de la estructura de Ciespal.
En la investigación de la institución de control, el exgerente administrativo informa que “los fondos con los que se cubrieron los salarios de los trabajadores de Ciespal que participaron en el Observatorio hasta diciembre de 2017 fueron obtenidos del ítem ‘Inversiones’, conformado por ingresos de autogestión que se encuentran en la categoría activos circulantes del balance de situación de 2016 en el que se registra un valor de $ 300.000 (…)”. Sin embargo, la Jefe Administrativa Financiera de Ciespal indicó en mayo de 2018 que el rubro de “inversiones del año 2016 incluyó recursos estatales”.
Es decir que sí se utilizaron fondos fiscales para pagar a Observasur.
Conclusiones del informe
De acuerdo con las conclusiones del informe de Contraloría, las contrataciones se realizaron en base de los correos electrónicos del 21 y 28 de abril y 11 de mayo de 2017 remitidos por la exasesora de despacho del Consejo de Educación Superior (CES), del que Ramírez fue presidente; y del asesor del despacho de la Senescyt, subordinado directo del Secretario de esa entidad.
Durante el periodo 25 de mayo de 2017 al 28 de febrero de 2018, René Ramírez percibió un ingreso de $ 37.843,06; la coordinadora $ 23.437,50; y el investigador estadístico $ 23.437,50. El informe ya esta en Fiscalía para su indagación.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
