Se trataron de tres hechos en los que participó el presidente de Cruz y que denotarían falta de probidad y arrogación de funciones, según el extenso informe que se leyó ayer en la Comisión y que fuera aprobado con la recomendación al pleno de la Asamblea de continuar el juicio político en contra de este representante, elegido por la ciudadanía.
El juicio fue propuesto por el asambleísta Henry Kronfle (PSC) en contra de Cruz por incumplimiento de funciones, durante el ejercicio de su cargo, y consideraba que había incurrido en al menos tres causales.
La primera es una presunta obtención irregular del carnet de discapacidad con un porcentaje de 81% de discapacidad. En este tema se aportaron pruebas y documentos que generan duda sobre si la actuación de Cruz fue proba. Se destaca la certificación de Aneta que indican que en 2016 obtuvo su licencia tipo E, con un buen puntaje y sin registrar ni discapacidad auditiva ni visual. Se indica que sí usaba lentes, pero no audífonos.
La historia del carné de discapacidad viene de años atrás, pues en 2009, cuando se iba a presentar para ser candidato al CPCCS, obtuvo el documento el mismo día de la inscripción y con ello obtuvo puntos extra en su calificación. Esto no ocurrió en la última elección donde se lo eligió con el voto popular.
Tras los cuestionamientos sobre la obtención en tiempo récord de este documento, el Conadis le había convocado para una recalificación de su discapacidad, tanto en 2009 como en 2010. Pero no se presentó. Por ello “se genera dudas respecto a si efectivamente tiene el 81% de discapacidad auditiva y visual, y sobre si el carnet fue obtenido de manera regular”, dice el informe.
Estas dudas, en el caso de la primera autoridad de una de las instituciones más importantes de la actual estructura del Estado, no contribuyen a la buena imagen de la misma y afecta a la gobernabilidad y credibilidad del sistema democrático del país, se indica en el documento.
También se indica que de la información remitida por el SRI, se constata que el Cruz ha utilizado el carnet de discapacidad, para beneficiarse económicamente del mismo; por lo que, de comprobarse que el carnet fue obtenido de forma ilegal, o que el porcentaje de discapacidad no corresponde al 81%, esta institución deberá proceder a iniciar los trámites que correspondan, de acuerdo a la ley y a los reglamentos vigentes.
El informe también sugiere que la Comisión de Fiscalización solicite al presidente de la Asamblea Nacional, remitir el informe a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y el SRI, a fin de que aporte a los procesos de investigación en curso o que pudieran iniciarse.
En segundo lugar, se encontraron evidencias de la presentación de supuestos documentos falsos para Concurso de Oposición y Méritos para la Integración del CPCCS en 2009. Y finalmente, habría cometido una Indebida arrogación de funciones, por haber emitido un reglamento sobre uso de recursos del Consejo, pero que debía haber sido realizado el pleno del Consejo y no de manera particular.
Durante el debate, los miembros de la Comisión resaltaron el trabajo de la misma, que se tradujo en un informe que incluyó la participación de los involucrados y, por supuesto, la postura del presidente Christian Cruz, ejerciendo su derecho a la defensa.
Nota Original: El Universo – LINK
