La demanda civil fue presentada en el tribunal federal de Manhattan (N.York) y reclama compensaciones económicas para las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus familiares.
Acusa a varios funcionarios de Arabia Saudí de estar presuntamente involucrados en el ataque, ya que supuestamente ayudaron a algunos de los terroristas que secuestraron los aviones comerciales utilizados en el atentado.
El documento, presentado por la firma legal Kreindler & Kreindler, afirma que estos funcionarios, de embajadas saudíes, apoyaron a los secuestradores Salem al-Hazmi y Khalid Al-Mihdhar un año y medio antes del 11-S en varios aspectos.
Entre ellos, se detalla la facilitación de «dinero, protección, consejos, contactos, transporte, asistencia con el idioma y la cultura de EEUU, identificación y el acceso a cursos de entrenamiento de pilotos».
Asimismo, la denuncia presenta pruebas de que empleados de la embajada saudí en Alemania presuntamente apoyaron al líder del grupo de secuestradores, Mohamed Atta, y apunta que otro empleado del gobierno de Arabia Saudí estaba en el mismo hotel que varios de los atacantes en el estado de Virginia la noche antes del ataque.
De los 19 secuestradores, 15 de ellos eran de nacionalidad saudí, y 3 de ellos habían trabajado para el gobierno de ese país.
También, dice el texto, la familia real saudí era consciente de que fondos de varias organizaciones caritativas estaban acabando en manos de Al-Qaeda, algo que permitían para contar con el apoyo de los musulmanes extremistas del país y permanecer así en el poder.
«Durante la década anterior al 11 de septiembre de 2001, Arabia Saudí fue responsable de financiación sustancial de Al Qaeda, que era vital para las operaciones de la organización terrorista y sus preparativos para la materialización de los ataques del 11 S».
La denuncia apunta además a que los oficiales de Arabia Saudí entrevistados por las autoridades estadounidenses después del atentado mintieron repetidamente «negando estar en contacto ni tener información sobre asistencia material que prestaron a los secuestradores y Al Qaeda».
La firma legal que presentó la demanda civil lleva trabajando en el caso desde hace varios años, y está especializada en defender a víctimas de accidentes aéreos.
Gran parte de estas acusaciones que se exponen en la denuncia se han tomado de las investigaciones sobre el suceso que llevó a cabo el FBI.
Hasta el momento, los expresidentes George Bush y Barack Obama han afirmado en varias ocasiones que no hay pruebas suficientes para vincular el ataque del 11-S con Arabia Saudí, pero los familiares de las víctimas esperan un posible cambio de postura con el nuevo mandatario, Donald Trump.
Arabia Saudí es un importante aliado de EEUU frente a Irán, y donde además Washington tiene importantes intereses por el petróleo que poseen los saudíes.
Los familiares de las víctimas presentaron la demanda pocos meses después de aprobarse en el congreso estadounidense la ley de «Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo» (JASTA, por su sigla en inglés).
La legislación permite a las cortes federales estadounidenses juzgar a otras naciones por la ayuda en acciones terroristas contra EEUU, independientemente de si el país acusado forma parte de su lista oficial de estados que apoyan el terrorismo.
