En una rueda de prensa sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela convocada por la delegación del PP en la Eurocámara, los familiares exigieron «un juicio justo» a sus allegados y a todos los presos políticos en Venezuela.
Alejandra González, hermana de la venezolanoespañola Andrea González, presa desde 2015 por supuestamente planear un atentado contra la cantante Daniela, hija del expresidente del Parlamento venezolano Diosdado Cabello, dijo que «no existen pruebas» para inculpar a su hermana y pidió su libertad y que se celebre un juicio justo.
También se quejó de las malas condiciones alimenticias y de salud en las que se encuentran, dijo, los «presos políticos» en Venezuela, que además deben sufrir «torturas y violaciones a diario».
Por su parte, Jorge Prieto, hermano del diputado electo de la Asamblea Renzo Prieto, detenido desde 2014 por varios presuntos delitos entre los que figura la fabricación de armas o el tráfico de drogas, afirmó que estas causas «son inventadas por el régimen para mantener preso» a su hermano y que la acusación «no tiene pruebas» que le inculpen.
El hermano de Renzo Prieto denunció que desde su detención ha habido «más de nueve audiencias suspendidas porque o el fiscal no se presenta o los mismos funcionarios de la prisión no quieren trasladar» a su hermano.
Los familiares estuvieron respaldados por la delegación del PP en la Eurocámara, cuyo portavoz, Esteban González Pons, dijo que «la UE «debe comprometerse hasta el cuello en la recuperación de libertades en Venezuela».
«La liberación de presos políticos nos incumbe a todos», sentenció.
«Mientras en Venezuela no haya libertad de pensamiento y opinión, la UE no puede descansar ni un día», apostilló González Pons, tras asegurar: «Lo que está sufriendo el pueblo venezolano creíamos que ya no ocurría en el siglo XXI en países con cierto adelanto».
Según datos de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela anunciados hoy durante la rueda de prensa, actualmente hay 88 presuntos presos políticos en Venezuela, de los que 76 están en prisiones y doce en arresto domiciliario, y de los cuales el 70 % padece problemas de salud.
Por su parte, el eurodiputado popular Gabriel Mato lamentó que en Venezuela «la Justicia es solo una palabra» y pidió un juicio justo para unos «presos políticos sin garantías y en condiciones infrahumanas».
Los familiares denunciaron que los presos están en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y sin atención médica.
Además, el presidente de la Unión Canario-Venezolana, Agustí Rodríguez, aseguró que Venezuela «no está solo en una crisis alimentaria, sino también de salud», lo cual ha provocado que su organización lleve a cabo «recogidas de medicamentos como paracetamol».
