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El Ministerio de Defensa de Ecuador anunció este 23 de agosto un plan de fortalecimiento de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas con enfoque en el reforzamiento de la seguridad de la frontera norte, informó el titular de esa cartera de Estado, Oswaldo Jarrín.

Twitter Ministerio de Defensa

El secretario de Estado señaló que el plan que se ejecutará en los próximos cinco años con una inversión de más de $ 108 millones.

En total serán siete contratos, entre ellos para proyectos más urgentes como de ciberdefensa, material de protección como cascos y chalecos, municiones de pequeño calibre, la adquisición de seis helicópteros, once lanchas para patrullaje ribereño, entre otros materiales, explicó Jarrín.

Los recursos económicos, según el ministro, constan en el Programa Anual de Inversión (PAI) de la institución, en el que se establecen $ 23,8 millones para el Comando Conjunto; $ 14,9 millones para el Ejército; 23,8 millones para la Fuerza Naval; 30,3 millones para la Fuerza Aérea; y para reformas institucionales se destinarán $ 16 mil.

Estos fondos servirán para mejorar las tareas que cumplen los miembros de las FF.AA. en lo relacionado con vigilancia, reconocimiento, inteligencia y adquisición de objetivos; despliegue y movilidad; capacidad de maniobra; fortalecimiento de la capacidad de supervivencia; y sostenimiento logístico.

Jarrín informó, además, que se suscribió un convenio para reabrir una oficina de cooperación con la embajada de Estados Unidos, que facilitará la llegada, en noviembre próximo, de un buque hospital de 1.300 camas para atender las necesidades médicas de la población de Esmeraldas, de forma gratuita.

También destacó que se diseñan protocolos para producir información que sirva para inteligencia, a través de una aeronave estadounidense, sin que esto signifique una violación a la soberanía nacional o la instalación de una base extranjera, prohibido por la Constitución. El protocolo de operación de la aeronave extranjera, aclaró Jarrín, será presentado ante la ciudadanía para que el proceso sea transparente.

Fuente: El Telégrafo